El respaldo económico que el gobierno federal entregó a los estados para mejorar los cuerpos policiacos, entre otros aspectos del sistema de seguridad pública y de justicia, sumó 128 mil 151 millones de pesos de 2006 a 2016.

Sin embargo, el apoyo —equivalente a casi dos veces el presupuesto del Seguro Popular— para capacitar a policías, agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales, equipamiento y metodologías de investigación y mejora de los centros de readaptación social no se reflejó en avances sostenidos, revela un análisis del Senado.

De acuerdo con un informe del Instituto Belisario Domínguez, el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz y Jalisco son las entidades federativas que concentran 25% de los fondos otorgados a los gobiernos locales, sumando 31 mil 413 millones de pesos.

Debido a que no hay una mejora en las policías ni en el sistema de seguridad en general, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) busca la operación de un nuevo cuerpo policial.

Destinan 128 mmdp para seguridad en los estados

Edomex, Ciudad de México, Veracruz y Jalisco, entre las entidades que recibieron más dinero federal, indica el Instituto Belisario Domínguez.

En 10 años, desde 2006 hasta 2016, la Federación canalizó 128 mil 151 millones de pesos a las 32 entidades del país, para mejorar la seguridad pública, con acciones como capacitación de policías, agentes del ministerio público, peritos, policías judiciales, equipamiento y metodologías de investigación y mejora de los centros de readaptación social, revela un análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado.

El reporte del Instituto deja ver que de esos 128 mil 151 millones de pesos, el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz y Jalisco concentran el 25% de los recursos, por lo que son las entidades que más respaldo económico recibieron de la Federación, al sumar 31 mil 413 millones de pesos.

El respaldo económico, sin embargo, no se tradujo en la mejora de los cuerpos policiacos, en particular, ni del sistema de seguridad en general, por lo que, ahora, desde el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se busca la operación de un nuevo cuerpo policiaco.

Los 128 mil 151 millones de pesos equivalen a casi dos veces el presupuesto del Seguro Popular, que en este año trabaja con 69 mil millones de pesos y atiende a un total de 65 millones de beneficiados, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.

El análisis del Instituto Belisario Domínguez incluye a todas las instituciones federales y estatales que han centrado sus operaciones de los últimos 10 años en abatir los altos niveles de inseguridad, pero llama la atención que, a pesar de la entrega de 128 mil 151 millones de pesos a los estados, no se haya registrado un avance sostenido de mejora en materia de seguridad pública, sobre todo porque se trata de recursos que tienen una década de entregarse.

Las cifras estatales se centran en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun), que se enfocó en las alcaldías con los mayores índices de delincuencia en todo el país.

De manera particular, respecto al FASP, las 32 entidades recibieron en 10 años un total de 90 mil 33 millones de pesos, para el “reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o equivalentes”.

También para el equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes; red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, y seguimiento y evaluación de los programas de seguridad pública.

El estudio muestra que son cuatro las entidades que más dinero recibieron del FASP, porque se impuso el criterio de la población.

“Aunque los criterios de asignación ponderan distintas variables (DOF, 6/1/2010), la distribución acumulada muestra que estos criterios terminan favoreciendo a las entidades más pobladas (por ejemplo, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Jalisco)”, precisa.

Respecto al Subsemun, los municipios y delegaciones políticas más violentas del país recibieron un total de 38 mil 118 millones de pesos, en el periodo de 2006 al 2015, cuando se desapareció para entregarlo vía el subsidio para la prevención del delito.

“Cabe señalar que otros recursos destinados a las entidades, como el Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun, que es parte del gasto de la Secretaría de Gobernación), también dan como resultado acumulado una distribución que beneficia a algunas de las entidades más pobladas. De tal manera que el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León, entre otras, resultan más favorecidas por la suma acumulada de recursos federales a mediano plazo”, detalla el análisis.

Rubros

Por parte del  Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), los estados recibieron recursos para:

• Reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública.
• Percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o equivalentes.
• Equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes.
• Red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia.
• Construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores.
• Seguimiento y evaluación de los programas de seguridad pública.