La renegociación del Tratado de Libre Comercio, el tipo de cambio y la generación de empleos son factores que se consideraron para no aplicar un aumento extraordinario al salario mínimo, indicó Roberto Campa Cifrián, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS).

En conferencia de prensa sobre los avances en materia laboral, el titular de la STPS destacó que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) resolvió que las condiciones de la economía del país requerían “prudencia”, por lo que consideró como “oportuna” no incrementar el mínimo.

“Puede o no cuestionarse en términos técnicos esta decisión, pero me parece lo que sí podemos todos a partir de la decisión asegurar, confirmar es que es una decisión que se está tomando a partir solamente de una racionalidad económica, que se está tomando a partir de la revisión de las variables de la economía que pueden ser afectadas por una decisión como esta”, apuntó.

Acompañado del vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, recordó que en 2017 se realizaron dos aumentos al salario mínimo, el primero en enero, que lo llevó a 80.4 pesos y el de noviembre, subiéndolo a 88.33 pesos.

Refirió que la Conasami evaluó las condiciones económicas del primer cuatrimestre del año, a fin de determinar la pertinencia o no de un nuevo incremento. El 21 de mayo el organismo determinó no elevar el salario mínimo argumentando que en caso de hacerlo se generarían riesgos para el crecimiento económico, el empleo y la inflación.

Sobre la reforma en materia de justicia laboral, comentó que el Instituto de Conciliación y Registro Laborales no estará operando para noviembre, como se estableció en las modificaciones a los artículos constitucionales 107 y 123 en materia de justicia laboral.

“La Reforma Laboral, hoy está en manos del Congreso, está en el Senado como cámara de origen y serán otras determinaciones las que resuelvan el tiempo para aprobar la legislación secundaria. Pero me parece que podemos adelantar que con seguridad no estarán operando en noviembre el Instituto de Conciliación”, detalló.

Destacó que la Cámara Alta consideró que no había suficientes consensos para la aprobación d ella legislación secundaria de esta reforma, por lo que decidió posponer su discusión; dijo que hubo diferencias en los legisladores en cuanto a la integración de la Junta de Gobierno del Instituto de Conciliación y Registro Laborales.

“Estamos a la mitad de la Reforma de Justicia Laboral, yo digo que estamos mucho más allá de la mitad porque lo que se ha avanzado ya es la reforma a la Constitución que implica pues mayoría calificada y también mayoría en las legislaturas de los estados y el próximo Congreso deberá resolver lo que está pendiente”, subrayó.