Abogadas especialistas en género declararon que para las autoridades mexicanas las mujeres no tienen derecho a utilizar la legítima defensa para poder salvar su vida cuando son agredidas, ya sea por parte de sus parejas, exparejas o desconocidos, en vez de ello, deben soportar la violencia aunque su final sea la muerte.
Durante el programa de radio “Análisis Feminista”, conducido por la periodista y directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Lucía Lagunes Huerta, las abogadas explicaron que para el sistema de justicia las mujeres que se defienden cuando sus agresores las violentan, lo que puede derivar en la muerte de éste pasan a ser “criminales” o “asesinas” porque salen de los estereotipos sexistas que la sociedad les exige y desarrollan un actuar agresivo contra ellas.
En su opinión, las autoridades y la sociedad demandan que las mujeres sean pasivas, tranquilas, sumisas ante cualquier hecho de violencia aún cuando su vida o la de sus hijas e hijos corre peligro. Si llegan a defenderse entonces son señaladas o discriminadas por la población y son privadas de su libertad por el sistema de justicia, al cual no le interesa investigar cómo sucedieron los hechos, cuál era el contexto de las víctimas, si hay denuncias previas de violencia.
“Vivimos en una sociedad hipócrita que victimiza a las mujeres que mueren en el intento de salir de la violencia, pero condena a las que sobreviven. Hay estructuras patriarcales en el Estado que actúan de manera muy puntual contras las mujeres que se salen de los roles preestablecidos. El Estado va a tratar de corregir la conducta que sale del deber ser”, declaró la cocoordinadora ejecutiva y de educación de la” Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con perspectiva de género en Campeche”, Lilia Lomelí.
Las especialistas señalaron que en estos casos de legítima defensa, las autoridades cometen muchas negligencias, por ejemplo, esperan que la defensa de las víctimas pidan que investiguen con perspectiva de género o tomen en cuenta el contexto, sino no lo hacen, a pesar de que es su obligación, por lo que la mayoría de los casos llegan a los tribunales sin un enfoque de género.
En el poder judicial, comentaron, las y los jueces recriminan a las mujeres “por no haber soportado la violencia y cargado con la cruz que les tocaba” y las privan sin más de su libertad. “El poder judicial no está emitiendo sentencias con perspectiva de género, ni reparadoras ni que apunten a la no repetición aunque es su obligación”, añadió Lomelí.
Para la abogada litigante en el “Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua”, María Luisa Salazar Olvera, estas dificultades son las mismas que ha encontrado en casos de mujeres que en 2007 fueron procesadas por utilizar la legítima defensa contra su agresor para proteger su vida, lo que evidencia que por 13 años la justicia se niega a respetar los Derechos Humanos de las mexicanas.
Recordaron el caso de Yakiri Rubio, joven secuestrada y violada por dos hombres en la Colonia Doctores en 2013, uno de ellos intentó matarla, ella se defendió y lo mató. La acusaron de “homicidio con excesivo uso de la legítima defensa” y la encarcelaron, luego de un larga lucha obtuvo su libertad en marzo de 2014; y también expusieron el caso de Roxana R. X, joven indígena que fue golpeada y violada al interior de su casa en Nezahualcóyotl, Estado de México el 8 de mayo de 2021. Al defenderse mató al agresor y actualmente se encuentra en reclusión en el penal de Bordo, acusada de “exceso de legítima defensa”.
Al respecto la integrante de la colectiva “Nos Queremos Vivas Neza”, la cual acompaña el caso de Roxana, Monserrat Karina Bolaños Soria, dijo que existe la posibilidad de que se elimine el delito por el cual está acusada Roxana y lograron la suspensión de una audiencia en la que se estaba exigiendo que la víctima declarara y que podía ser perjudicial porque le iban a asignar un abogado u abogada de oficio que podía no velar por su libertad.
“Este caso no ha sido investigado con perspectiva de género, a pesar de las Alertas de Género que existen en el Edomex, que son 2, una por desaparición en 2019 y otra por feminicidio en 2015. En este caso hay mucha resistencia por aplicar la perspectiva de género, no se respetan los estándares internacionales ni constitucionales de los Derechos Humanos”, agregó Bolaños Soria.
Las especialistas resaltaron que las capacitación en género para todas las autoridades no ha servido en nada, por ello es necesario incidir más en este rubro para que en los casos de mujeres víctimas, en particular en los de legítima defensa, se apliquen todos los instrumentos nacionales e internacionales con perspectiva de género y ninguna otra ciudadana sea encarcelada de manera injusta.
Para alcanzar este objetivo, añadieron, es indispensable que haya un monitoreo y revisión de cómo son estas capacitaciones, qué se pudo obtener de ellas, cuántos recursos se destinan para ello, y que toda esa información sea compartida con la población. Además de ello, dijeron, se debe iniciar un proceso de sanción contras las autoridades que no empleen la perspectiva de género.
Enfatizaron que si algunas mujeres de estos casos han podido recuperar su libertad y vida es porque existe un labor grande por parte de las defensoras y de las abogadas especializadas en género que luchan porque se integre la perspectiva de género en las sentencias, en las investigaciones e insisten porque las autoridades hagan su trabajo.
