Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México; Luis Videgaray Caso, ex secretario de Hacienda; además de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), fueron acusado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por posibles actos de corrupción en la licitación del Viaducto Bicentenario.
Paulo Diez Gargari, representante legal de la empresa Infraiber, denunció a título personal presuntas irregularidades en la concesión carretera otorgada por el Gobierno de Eruviel Ávila, además de las señaladas tras la compra de maquinaria para la gestión del tránsito vehicular de la vialidad.
De acuerdo con el denunciante, el proceso para otorgar las licencias de trabajo para realizar la obra favorecieron a la empresa OHL México, quien competía contra propuesta de la desarrolladora Ideal, propiedad del magnate mexicano, Carlos Slim.
Entre las irregularidades que sostiene Diez Gargari destaca la teoría de que el Gobierno mexiquense habría dado más puntos a la iniciativa de OHL en un rubro sin especificaciones concisas, aspecto relacionado con la estética que tendría la autopista.
Una publicación de Reforma (http://bit.ly/2gcifj9) detalla que la inclusión Luis Videgaray y de Ruiz Esparza obedece a que ambos eran funcionarios de alto rango en el Gobierno mexiquense cuando se licitó el proyecto carretero y por ello están implicados.
El documento presentado por el representante legal de la empresa Infraiber, también incluye a José Andrés de Oteyza, expresidente del consejo de Administración de OHL México; a Juan Luis Osuna, actual presidente de la compañía; así como a Sergio Hidalgo, director general de la misma.
Asimismo, dentro de las acusaciones Diez Gargari resalta que la administración que encabeza Ávila Villegas estableció como obligación para desarrollar el concurso de licitación, la compra de dos máquinas de gestión de tránsito vehicular de la empresa Barrier Systems, con sede en Estados Unidos, equipos que tiempo después fueron abandonados y de los cuales se dijo, fueron adquiridos a través de una empresa propiedad de Ricardo San Román Dunne, amigo cercano del presidente, Enrique Peña Nieto.
