La convicción de Andrés Manuel López Obrador de terminar con la corrupción y sacar de la ecuación de la Cuarta Transformación a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), para dar recursos de manera directa a las mujeres que viven violencia, podría terminar por colocarlas en mayor riesgo porque ello no va a salvaguardar su vida.

La coordinadora de la Red Interamericana de Refugios y una de las fundadoras en 1996 del primer refugio en México “Mujer contemporánea”, Margarita Guillé Tamayo, sentenció que es imposible que el Estado asuma la operación de los refugios como contempla Obrador.

Aunque se reanudó la convocatoria de la Secretaría de Salud para que los que son operados por OSC y gobiernos estatales accedan al presupuesto etiquetado para este año, AMLO insiste en que será la Secretaria de Gobernación (Segob) la encargada de entregar los recursos de manera directa a las mujeres víctimas de violencia, argumentando la necesidad de terminar con la intermediación de las OSC para evitar corrupción y opacidad en el ejercicio de éstos.

El censo de Alojamientos de Asistencia Social elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que hasta 2015 operaban en México 83 refugios, 90 por ciento recibía recursos del gobierno.

Para Guillé Tamayo esta medida es absurda, ya que es justo la corrupción e inoperancia del sistema de impartición de justicia para la protección de las mujeres, lo que podría dar pie a que datos sensibles como la ubicación de los refugios y de los casos, condenen la vida de quienes están en ellos.

“Los refugios para mujeres no pueden estar en manos del gobierno hasta que esté limpia la gente que trabaja en las fiscalías”, declaró en entrevista con Cimacnoticias y recordó las prácticas que han ocurrido en los refugios estatales: se filtra información de la ubicación de mujeres o de los refugios por favores políticos, pues las mujeres no sólo huyen de sus esposos, también de sicarios o personas que intentan explotarlas sexualmente, indicó.

AMLO aseguró “que para todas las mujeres todo lo que signifique hacer justicia tiene prioridad y no hay límite sobre los recursos que se requieren”, pero si la intención es dar apoyos económicos directos a las mujeres, también puede ser una sentencia de muerte para ellas, advirtió Guillé Tamayo.

Quienes huyen de sus hogares lo hacen buscando un lugar seguro para evitar su feminicidio; y tener recursos económicos en sus manos podría significar una amenaza a su vida frente a sus agresores. “Me parece un desatino, falta de visión y un gran desconocimiento y lleno de soberbia para no sentarse con las organizaciones que saben del tema”, dijo Guillé.

El fin primordial de los refugios tal como está en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no es el apoyo con recursos, es darles “espacios confidenciales, seguros, temporales y gratuitos que proporcionan atención integral, es decir, servicios de carácter psicológico, educativo, médico, legal y de trabajo social”.

Ellas tienen la oportunidad de permanecer en estos espacios con sus hijos e hijas por un periodo de 3 meses. A menos que persista su inestabilidad física, psicológica o situación de riesgo, la ley las ampara y permite que su estancia se prolongue.

“El Estado tiene que responder a una realidad y no es ir a darle 100 o 200 pesos a las mujeres, es asegurar su vida, eso no es un asunto menor”, expresó la abogada feminista Patricia Olamendi Torres. Coincidió que el Estado no cuenta con la infraestructura para encargarse de estos espacios que han sido atendidos por más de 20 años por las OSC quienes se han especializado y creado modelos de atención, lo que no se puede sustituir con la capacitación de funcionarios en unos meses, advirtió.

En su opinión, los refugios son una de las mejores políticas que han logrado impulsar las OSC de la mano con el gobierno y que sean operados por ellas generó mayor confianza en las mujeres, en lugar de acercarse al gobierno, dijo.

Sobre la transparencia, dijo que son auditados y por el contrario, sus recursos son insuficientes para cubrir sus gastos. De ahí que llamó al presidente y su equipo a considerar y pensar seriamente la política que está impulsando.

En un país donde cada día 9 mujeres y niñas son asesinadas, el futuro de estos espacios de resguardo permanece en el aire porque aunque sus recursos permanezcan asegurados, la política pública que les dio origen y por la que funcionan está seriamente amenazada.