“Es lamentable lo que ha sucedido en los últimos meses, cómo la gente puede tirar piedras impunemente, no. Lo digo con mucha humildad: tengo recursos y tiempo para romperles la madre”, decía Emilio Lozoya Austin en octubre de 2017 al ser cuestionado sobre las acusaciones en su contra por el soborno que presuntamente recibió de la constructora brasileña Odebrecht y que fueron a parar a la campaña presidencial del PRI en 2012.
La declaración de Lozoya se dio durante la ceremonia en la que la Academia Mexicana de Derecho Internacional reconoció a su abogado Javier Coello Trejo, según lo publicó El Sol de México.
Lozoya se sentía confiado. Seis días antes de esa declaración, el 20 de octubre de 2017, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) había sido destituido del cargo “por faltar al código de conducta de la dependencia”.
El titular de la Fepade destituido era Santiago Nieto Castillo, hoy encargado de la Unidad de Inteligencia Finaciera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, organismo que esta semana congeló las cuentas de Lozoya por posible corrupción.
“En el caso de Lozoya, el congelamiento de cuentas es una medida nacional. Hay elementos para hablar de casos de corrupción vinculados con su administración. Hemos encontrado nuevas triangulaciones de recursos, es lo que da soporte al bloqueo de dinero”, dijo el funcionario ayer durante una entrevista en Noticias MVS.
La Fepade, bajo el mandato de Santiago Nieto, abrió en agosto de 2017 la carpeta de investigación para indagar si una parte de los 10 millones de dólares que habría recibido Lozoya en sobornos por parte de la brasileña Odebrecht fue destinada a financiar al PRI.
Entre los elementos de la investigación había cuentas ligadas a Lozoya y Odebrecht ubicadas en las Islas Caimán, Suiza y Brasil.
A pesar de las investigaciones de la Fepade y de que su nombre aparecía en la prensa de países latinoamericanos como uno de los funcionarios a los que Odebrecht les pagó dinero para conseguir concesiones, Lozoya libró la justicia la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto.
La situación de Lozoya cambió estos últimos días: la semana pasada, la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos durante 10 años; el lunes la UIF bloqueó sus cuentas bancarias y también las de su hermana Susana Gilda; y ayer un juez federal giró órdenes de aprehensión en su contra y del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira.
