En el robo de combustible que escala a los más altos niveles, también hay grandes empresas mexicanas inmiscuidas… no sólo funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), políticos y dirigentes sociales.

Así lo destaca en su columna Historias de Reportero, Carlos Loret de Mola, cuyo texto comienza resaltando que “60 mil millones de pesos implican un negocio muy grande como para que se quede en una venta informal de tambos de plástico en camionetas clandestinas”.

El periodista dice haber tenido acceso a un informe de inteligencia iniciado hace cuatro años por las dependencias de Seguridad y de Inteligencia Financiera, en el cual están bajo la mira a dos grandes empresas que han comprado sistemáticamente enormes cantidades de combustible robado a las mafias dedicadas al robo de combustible.

Una de esas firmas está dedicada a la comercialización de pan y golosinas, en tanto que la otra se dedica a los útiles escolares, detalla Loret de Mola.

Las investigaciones apuntan a que los dos consorcios privados compraban combustible robado para el transporte de sus productos, por lo que gracias a ello, pagaban menores costos y mejoraban sus márgenes de utilidad.

Esa indagatoria se abrió en el sexenio pasado, pero el asunto no avanzó más… El expediente se cerró y no se actuó en consecuencia escribe Loret.

Entonces sugiere a Alejandro Gertz Manero, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, y Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indagar en los archivos de sus dependencias o preguntar a los funcionarios de carrera que han estado involucrados “en el amplio y añejo expediente del huachicol”… Quizá así, “sin generar desabasto” se puede comenzar a desmantelar el sangriento negocio apegados a la vieja máxima de los investigadores: sigue la ruta del dinero.