El problema de la red de corrupción que articuló Javier Duarte en Veracruz no es que el prófugo gobernador con licencia y otros de sus funcionarios se hayan enriquecido de forma grosera, sino que lo que presuntamente se llevaron pertenecía al erario público y sería destinado a infraestructura, obra pública, sueldos de trabajadores, etc.

Por lo que, desde el pasado viernes, alrededor de 20 alcaldes mantienen “tomado” el Palacio de Gobierno para exigir al Ejecutivo local interino, Flavino Ríos, que entregue a los municipios recursos por alrededor de tres mil 300 millones de pesos que se les adeudan como parte del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Por su parte, Flavino Ríos ya reconoció la deuda con los alcaldes existe y que su protesta es justificada. Sin embargo, argumenta que el estado de Veracruz no cuenta con los recursos necesarios para pagarles, por lo que ya solicitó al gobierno federal 11 mil millones de pesos para cubrir la deuda.

Es cierto, el desfalco a Veracruz es indignante, los recursos faltantes son necesarios y los alcaldes están en su derecho de protestar. Pero, ¿Para qué tomar el Palacio de Gobierno cuando hay instituciones y procedimientos pertinentes para reclamar el pago?

Con información de La otra opinión.