La organización Ipas México alertó que las altas cifras de embarazo en niñas menores de 14 años en el Edomex son consecuencia de la violencia de género, y específicamente, la violencia sexual, física, psicológica ejercida en su contra.
De acuerdo con los datos que la organización recabó del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México los nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años se han incrementado progresivamente desde 2003, hasta registrar su cifra más alta en 2016 con 11 mil 808 casos.
Para 2017, los embarazos en este grupo de edad disminuyeron a 9 mil 463 casos registrados pero no es suficiente “porque deberíamos de estar hablando de un número muchísimo más bajo”, refirió Fernanda Díaz de León Ballesteros, coordinadora de política y abogacía de Ipas México.
En el caso del Estado de México, en 2017 ocupó el tercer lugar a nivel nacional con 763 embarazos en niñas de 10 a 14 años, solo enseguida de Jalisco y Chiapas con 793 y 781 casos respectivamente. Ecatepec, Naucalpan, Chimalhuacán y Chalco fueron los municipios con más registro de estos embarazos.
Unos de los datos más alarmantes es la diferencia de edad entre las niñas y los hombres responsables del embarazo porque refleja que:
Tan es así que, de acuerdo con los datos presentados, en el Estado de México en 2017, el 41 por ciento de las niñas de entre 10 y 14 años reportaron que el hombre responsables tenía entre 18 y 54 años. El 21 por ciento refirió que el padre tenía entre 15 y 17 años, y únicamente el 2 por ciento de los casos dijo que la pareja era menor de 15 años.
Ipas México señaló que un gran número de estos embarazos no son resultado de decisiones o “actos deliberados” donde las menores tiene la capacidad de elegir o no tener relaciones, lo que provoca “una completa violación a los derechos humanos, a su integridad y a su desarrollo”.
Asimismo Ipas México dijo que para poder alcanzar la meta 2030 y el compromiso de erradicar los embarazos en menores de 15 años, es necesario asegurar la implementación de acciones específicas (a nivel del sector salud, educación y procuración de justicia) para identificar y atender situaciones de violencia sexual detrás de cada embarazo en este grupo etario.
Refirió necesaria la aplicación de las Normas de Salud y de protocolos de protección de víctimas de violencia sexual, incluyendo el acceso a servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo.