De izquierda, derecha o centro, ningún partido político de México sale bien librado en materia de combate a la corrupción: según el Índice de Estado de Derecho en México 2018, la CDMX, gobernada por José Ramón Amieva (PRD) tras la renuncia de Miguel Ángel Mancera, es la peor en el ranking de “ausencia de corrupción”, con las peores prácticas, al obtener solo 0.27 puntos.

En el listado, que da calificaciones entre 0 (la más baja) y 1 (la más alta), completan el top 10 del “corruptómetro”: Guerrero (0.28), de Héctor Astudillo (PRI); Estado de México (0.28), de Alfredo del Mazo (PRI); Quintana Roo (0.31), de Jesús Martínez Ross (PAN-PRD); Jalisco (0.31), de Enrique Alfaro (MC); Veracruz (0.31), de Miguel Ángel Yunes (PAN); Baja California Sur (0.32), de Carlos Mendoza (PAN); Chiapas (0.32), de Manuel Velasco (PVEM); Durango (0.32), de José Rosas Aispuro (PAN); y Sonora (0.33), de Claudia Pavlovich (PRI).

En contraparte, los mejor evaluados en el reporte son las entidades: Querétaro (0.42), Francisco Domínguez (PAN); Zacatecas (0.42), Alejandro Tello (PRI); Guanajuato (0.42), de Miguel Márquez (PAN, quien acaba de dejar el puesto); Aguascalientes (0.41), de Martín Orozco (PAN); y Baja California (0.41), de Francisco Vega de Lamadrid (PAN).

Sin embargo, al no conseguir siquiera la mitad de la puntuación máxima, todos los estados del país están “reprobados” en materia de corrupción, donde el promedio nacional es de apenas 0.35.

El Índice de Estado de Derecho en México 2018 define a la corrupción como “el uso del poder público para obtener un benefecio privado,en los poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial locales, y en el sistema de seguridad y procuración de justicia”.

Este factor considera tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas y la apropiación ilegal de recursos públicos, por parte de los gobiernos estatales.