A pesar de que en México 4 de cada 10 niñas y niños son víctimas de violencia sexual antes de cumplir los 10 años de edad y de que esta violencia provoca embarazos infantiles forzados, las autoridades no ofrecen educación sexual integral y no garantizan justicia a las víctimas, aseguraron defensoras de los derechos sexuales y reproductivos.

Al participar en el foro virtual “#Juventudenación: prevención y atención de la violencia sexual, el embarazo infantil y adolescente”, el pasado 11 de agosto, representantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Tlaxcala y Chiapas detallaron que las autoridades no responden de forma integral ante la violencia sexual ni han generado un cambio cultural de no violencia contra las mujeres y menores de edad. El resultado es que el hogar y la escuela siguen siendo los sitios donde se cometen más agresiones sexuales.

En estos lugares, agregaron, los agresores son personas cercanas a las niñas y niños, por ejemplo, padres, maestros, familiares o conocidos, quienes se valen del vínculo afectivo con sus víctimas para manipularlas y mantener en secrecía este tipo de violencia. La violencia sexual, dijeron, puede generar en niñas, niños y adolescentes un deterioro de las capacidades emocionales y cognitivas, menor rendimiento escolar, dificultad para socializar o problemas de salud mental.

De acuerdo con datos citados por la coordinadora estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Tlaxcala, Rosario Texis Zúñiga, antes de la pandemia por COVID-19, 128 mil mexicanas manifestaron haber sido obligadas a tener relaciones sexuales alguna vez en su vida, de las cuales 12 por ciento ocurrió antes de los 10 años de edad, 30 por ciento sucedió entre los 10 y 14 años y 47 por ciento entre los 15 y 19 años. De todas ellas, 2 mil 300 reveló haber quedado embarazada luego de la agresión sexual.

“El Estado debe garantizar a las niñas y a las adolescentes que la violencia no es una forma de vivir y que por supuesto puede dar una respuesta clara y contundente. Dar una respuesta implica generar acciones y crear estrategias eficaces con todas y con todos los actores necesarios para ello, tener voluntad política y considerar distintos aspectos para dar una solución integral”, agregó Texis Zúñiga.

Para la abogada e integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Chiapas, Karla Osorio, la situación se vuelve aún más difícil para las menores de edad si desean buscar justicia porque las autoridades no conocen o no aplican la normativa mexicana ni los tratados internacionales y someten tanto a las víctimas como a sus familias a un proceso de revictiminización, sin explicarles sus derechos.

En su experiencia, como acompañante de este tipo de casos, las autoridades no conciben que tratan con menores de edad y no son pacientes con ellas. Por ejemplo, cuando ellas cuentan la vivencia de su agresión, ya sea a través de la voz de un familiar o de un tutor, las autoridades quieren que firmen formatos y no les leen sus derechos, esto obstaculiza que sepan que tienen acceso gratuito a servicios médicos, apoyo psicológico, a un representante legal y a métodos anticonceptivos de emergencia.

“No hay conocimiento de las normativas. Muchas veces cuando pasa una agresión sexual y hay riesgo de un embarazo o de una enfermedad de transmisión sexual, las menores de edad no saben a dónde acudir y tienen miedo de ir al hospital porque creen que las van a mandar a declarar. Según la NOM-045 cualquier hospital debe otorgar la pastilla anticonceptiva de emergencia y los antivirales para evitar el embarazo o una enfermedad de transmisión sexual dentro de las 120 horas y no es necesario que haya una denuncia antes”, agregó Karla Osorio.

Señaló que las menores de edad que tengan un embarazo, producto de violencia sexual, pueden acceder a un aborto seguro según como lo estipule el Código Penal de su entidad. Sin embargo, este derecho se les niega en los hospitales porque el personal médico actúa bajo prejuicios, las desinforman y no respetan el derecho a decidir sobre su cuerpo.

Cada día en el país ocurren mil nacimientos en menores de 18 años, es decir, un total de 373 mil 661 embarazos en lo que va de 2021 y se espera que esta cifra incremente en otras 28 mil gestaciones debido al poco acceso a los servicios de salud por la pandemia, según estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo); mientras que Ipas México reportó 9 mil partos en menores de 14 años este año.

Las panelistas coincidieron en que el sistema de justicia está “en pésimas condiciones”, por lo que es necesario que se reforme la normativa en materia de violencia sexual y el funcionamiento interno de estas instituciones, con el fin de agilizar el acceso de justicia de las menores de edad. Esto ayudará a que los casos no queden en la impunidad, pero además el gobierno debe trabajar en definir una respuesta integral ante esta problemática.