A una semana de que se efectúen los comicios y en su primera acción jurídica, Transformemos (antes Partido Encuentro Social) denunció por los delitos de uso indebido de recursos públicos y peculado, al gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid.

La denuncia ante el Ministerio Público de la Federación es por la posible comisión del delito de uso indebido de recursos públicos, en relación con las investigaciones efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación, del ejercicio 2016, en diferentes programas federales en que el gobierno estatal no habría hecho un buen uso de los recursos, explicó Zeferino Sánchez, vocero de Transformemos.

“Este es un procedimiento que ya es concluyente. La ASF vino, revisó y le dio la oportunidad al gobierno estatal de solventar las observaciones. Y la ASF concluyó que no se solventaban con los documentos que entregó el Poder Ejecutivo de Baja California. Así que turnó el expediente a la Cámara de Diputados, pero está durmiendo el sueño de los justos”, dijo Sánchez.

Agregó que los auditores “concluyen que puede existir la comisión del delito”, y explicó que la denuncia es un recurso que “tenemos todos los ciudadanos para darle a la autoridad los indicios de que pudiera existir un daño” en 12 programas en los que habría un presunto desvío de recursos por mil 600 millones de pesos.

“Hay recursos, como los destinados a escuelas, donde hay mucho más que omisiones. La ASF llega a la conclusión de que hay apoyos que llegaron a menos beneficiarios de los que estaban destinados o, incluso, no llegaron. Con algunos recursos contrataban gente que no estaba capacitada o, de plano, no iba a trabajar”, sostuvo.

En tanto, el gobierno del estado rechazó esta denuncia presentada por la dirigente del partido local “Transformemos”, Mayra Alejandra Flores, y el diputado Luis Moreno por supuestos actos de corrupción de Vega de Lamadrid.

Con este acto, se señaló en un comunicado, se “incurre en una actuación irresponsable y a todas luces partidista que sólo busca confundir a la población, toda vez que las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al gobierno del estado, sobre el ejercicio fiscal correspondiente al 2016, han sido atendidas hasta el momento en un 98 por ciento”.

Luego de señalar que la administración estatal “siempre ha sido responsable y puntual en dar respuesta a lo observado por la ASF, a la vez ha estado informando constantemente a la opinión pública sobre este tema”, lamentó que el diputado Moreno utilice su condición de legislador “asumiendo conductas propagandísticas que sólo generan falsas percepciones ante la ciudadanía, dentro del escenario electoral que vive Baja California y el país” y señaló que mantendrá una ruta de trabajo con la ASF para solventar observaciones producto de la fiscalización de recursos federales.