Fuentes del gobierno confirmaron a EL UNIVERSAL que uno de los funcionarios sancionados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) es Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, quien fue inhabilitado por 10 años del servicio público.
La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, manifestó que es un gran logro del equipo de la dependencia. En su cuenta de Twitter, escribió que la SFP hoy logra sancionar a altos mandos de Pemex de la administración de Peña Nieto.
La tarde de este miércoles, la secretaria de la Función Pública informó que giró instrucciones para notificar a dos altos mandos de Pemex —durante la pasada administración federal— de las resoluciones que los inhabilitan como servidores públicos por un periodo de 10 y 15 años, e impuso a uno de ellos una sanción económica por casi 620 millones de pesos.
En un comunicado, la SFP detalló que una de las inhabilitaciones por 10 años fue resultado de un “cuidadoso procedimiento” de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que este servidor proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial, y en dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos.
La dependencia federal indicó que la otra sanción se impuso por irregularidades en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal, donde, después de una investigación, se demostró que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos, por tal razón, “se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario”.
La Secretaría de la Función Pública informó que desde el 1 de diciembre de 2018 hasta la fecha, se han iniciado más de 6 mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas, y se han impuesto casi 400 inhabilitaciones, que van desde funcionarios de nivel operativo hasta los rangos de directores generales.
Agregó que además se han aplicado 112 sanciones económicas, que suman un monto superior a los 656 millones de pesos.
