La violencia en México es la principal causa por la que muchas personas mexicanas se ven forzadas a dejar su hogar, y la población indígena, las mujeres y la niñez son afectadas de manera desproporcionada, señala un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

En su informe “Desplazamiento forzado en México” la CMDPDH concluyó que los conflictos territoriales, la conflictividad social y la violencia política fueron las causas de los desplazamientos, y que en 68 por ciento de los casos fue la violencia generada por los grupos armados organizados, la principal causa por la que las personas salieron de sus lugares de origen.

Los ataques armados contra la población, el enfrentamiento entre grupos delincuenciales, entre éstos y agentes del Estado, y los desalojos con violencia, se ubican como factores de expulsión para el desplazamiento.El documento señala que desde el año 2006 – en el que el panista Felipe Calderón Hinojosa llegó a la presidencia y sacó a los militares a las calles para encargarse de la seguridad pública en lo que él llamó “guerra contra los grupos criminales”- al 2017, el total de personas desplazadas suma 329 mil 917.

Tan sólo el año pasado, dice, fueron desplazadas 20 mil 390 personas. La entidad con más personas desplazadas en este periodo fue Chiapas, seguido por Guerrero y Sinaloa. En total, fueron afectados nueve estados.

Las víctimas, afirmó la organización, se encuentran en un estado de completa desatención y profunda vulnerabilidad. Las personas desplazadas internamente son quienes huyen del lugar donde viven hacia otro municipio o estado del país, para evitar ser víctima de violencia generalizada, de un conflicto armado, violación a sus Derechos Humanos o de catástrofes naturales.

Entre los 25 episodios de desplazamiento forzado que se reportaron el año pasado, el que destacó fue el caso de más de 5 mil 300 indígenas tzotziles que se refugiaron en las montañas de Chiapas en medio del invierno para refugiarse de un conflicto territorial entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, en el mismo estado.

El 17 de octubre de 2017, se reportó el asesinato de Samuel Luna Girón, habitante de Chalchihuitán, a manos de paramilitares que luego empezaron a sembrar el terror en las comunidades, incluso quemando viviendas. Miles de personas, entre ellas niñas y niños, mujeres, embarazadas y de tercera edad, huyeron a las montañas y quedaron expuestas a la intemperie, aguantando hambre y frío.

Se reportó que 11 personas desplazadas de Chalchihuitán fallecieron debido a las condiciones precarias: dos recién nacidos, un bebé de un año y seis meses, un bebé de dos años y siete meses, dos adultos y cinco adultos mayores.

La Diócesis de San Cristóbal de las Casas informó a la CMDPDH en enero de 2018 que para el caso de Chalchihuitán, 3 mil 800 personas ya habían regresado y al menos un mil 068 personas seguían desplazadas. De acuerdo con la Diócesis, se cree que lo más seguro es que ya no puedan volver a sus casas debido a que éstas están ubicadas justo en las tierras en disputa.

En Guerrero, por ejemplo, más de 800 familias nahuas huyeron del municipio Chilapa de Álvarez, Zitlala, Guerrero, a inicios de junio de 2017 y en la comunidad de Ahuihuiyuco, un grupo irrumpió, quemó dos viviendas, dejó dos cuerpos desmembrados y amenazó a las y los pobladores. Sin embargo, los delincuentes también amedrentaron a las y los habitantes a través de hojas pegadas en casas, escuelas e iglesias donde les exigían abandonar sus hogares. Las víctimas en este caso, como en la mayoría de los desplazamientos que se registraron, fueron indígenas.

La CMDPDH destaca que de las 20 mil 390 personas desplazadas en México durante el año pasado, 12 mil 323 pertenecían a población indígena, mientras que 76 por ciento de los incidentes se produjo en una localidad rural.

Para este informe -que se elaboró a partir de las notas periodísticas- sus autores señalan que fue difícil establecer un perfil de la población desplazada en cuanto al sexo, ya que en muchos casos, no existieron cifras desagregadas, por lo que lo único que se sabe es que 92 por ciento de los casos correspondió a familias desplazadas, lo que pueden ser mujeres, hombres, niñas y niños, adolescentes y adultos mayores.

En 60 por ciento de los casos se habló específicamente de la presencia de mujeres, y en 58 por ciento se habló de niñez, por lo que se puede inferir, dicen, que las mujeres, niñez y personas indígenas fueron las víctimas de los desplazamientos internos forzados.

El informe destacó que el entorno rural genera especial vulnerabilidad, como la dificultad de trasladarse, de acceder a medios de comunicación para solicitar auxilio y la ausencia de funcionariado gubernamental.

Al mismo tiempo, afirman que en algunos casos se pudo observar la colusión y participación de agentes de Estado en los hechos de violencia generadores de los desplazamientos. En todos los casos, los desplazamientos evidenciarían la ausencia de instituciones efectivas para prevenir e investigar delitos.

El informe no formuló alternativas o demandas, sólo constató que los desplazamientos son generados por los conflictos territoriales de larga data y por las llamadas violencias estructurales “que se mezclan inevitablemente con la violencia generada por la política de seguridad actual”.