La semana pasada en el ámbito legislativo se avivó el debate sobre los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, después de años de pugnas del gremio por gozar de los mismo derechos que cualquier otra persona trabajadora, finalmente se reconoció que las leyes mexicanas las discriminan al no garantizarles la afiliación obligatoria a la seguridad social entre otras prestaciones.

El pasado 5 de diciembre de 2018 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo directo 9/2018 y concluyó que es inconstitucional que los empleadores no estén en obligados a inscribir a las trabajadoras del hogar en el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS).

El máximo tribunal mexicano determinó inconstitucional el artículo 13, fracción II, de la Ley del Seguridad Social que define como voluntaria la inscripción de las trabajadoras del hogar al IMSS y sentenció que dejar fuera el trabajo del hogar del régimen obligatorio del IMSS afecta de manera desproporcionada a las mujeres, quienes representan nueve de cada 10 personas dedicadas a esta labor según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En su resolutivo la SCJN señaló que el trabajo del hogar está lejos del concepto de trabajo digno, pues históricamente en esta labor que preponderadamente realizan las mujeres, son objeto de discriminación, condiciones inadecuadas, extensas jornadas y bajos salarios.

Para garantizar la afiliación social de las trabajadoras del hogar la Corte demandó al IMSS diseñar un programa especial que sea de fácil acceso y claro en las obligaciones que tienen los empleadores para inscribir a las trabajadoras.

Según las indicaciones de la SCJN este régimen social debe tomar en cuenta las particularidades del trabajo del hogar, como es que en algunos casos tienen más de un patrón, que las relaciones laborales no están establecidas en contratos laborales, y que los patrones a veces no están inscritos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero sobre todo, dejar en claro que la inscripción al IMSS para las trabajadoras del hogar es de carácter obligatorio.

El proyecto avalado el miércoles de la semana pasada por la Segunda Sala de la Corte fue elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán y de inmediato el director general del IMSS, Germán Martínez Cázares, respondió vía redes sociales que ordenó a la Dirección de Incorporación y Recaudación de la instancia diseñar el programa piloto.

Con la meta que en 3 años se logre obtener la seguridad social y efectiva de la totalidad de las empleadas del hogar del país (representan 2.4 millones de acuerdo con el Inegi) la Corte dio al Instituto del Seguro Social hasta el primer semestre de 2019 para arrancar con el programa piloto y a partir de ello proponer a las y los legisladores del Congreso de la Unión que adecuen la ley para incorporar formalmente este nuevo sistema de seguridad social.

No obstante de los tiempos marcados por el máximo tribunal, en el terreno legislativo senadoras y diputadas ya se han adelantado a presentar las iniciativas de reforma a la Ley de Seguridad Social y la Ley Federal del Trabajo para derogar los artículos que impiden a las trabajadoras del hogar gozar de sus derechos laborales.

VA NUEVO GOBIERNO POR DH DE TRABAJADORAS

Previo a la discusión de la SCJN en el Senado la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, con el apoyo de senadoras de todos los Grupos Parlamentarios presentó el 4 de diciembre de 2018 una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones la Ley Federal del Trabajo en materia de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar.

La iniciativa propone que se fije en un contrato escrito entre la trabajadora del hogar y el empleador, el tipo de labores a realizar, remuneración y periodicidad de los pagos, horas de trabajo y pago de prestaciones como vacaciones, descansos diario y semanal, y el suministro de alimentos y alojamiento, según sea el caso.

Asimismo plantea que está prohibido contratar a personas menores de 15 años de edad, las jornadas laborales no pueden exceder seis horas diarias y 36 horas semanales, y en el caso de las trabajadoras que residan en el domicilio la jornada no podrá exceder de 8 horas diarias, de lo contrario deben considerarse como horas extras.

La propuesta indica que las trabajadoras del hogar deben contar con las prestaciones de vacaciones, pago de días de descanso, acceso a la seguridad social y aguinaldo, además define las tres modalidades del trabajo del hogar: las que trabajan para un empleador y residen en el domicilio (llamadas de “planta”), las que trabajan con un empleador y no residen en el domicilio (“de entradas por salida”), y las trabajadoras del hogar que laboran para diferentes patrones.

Esta iniciativa no es la única, en la Cámara de Diputados la legisladora del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Lorena Villavicencio Ayala, anunció que presentará una iniciativa que plantea modificar el artículo 13, fracción II, para derogar el régimen de excepción que mantienen fuera de la afiliación al IMSS a las trabajadoras del hogar.

La posibilidad de discutir los derechos laborales de las trabajadoras del hogar se da en una nueva administración que se reconoce de izquierda, en gobiernos anteriores el tema se había abandonado bajo el argumento que no existían condiciones para que el IMSS soportara la afiliación de todas las trabajadoras del hogar del país.

Ahora no solamente existe la posibilidad de que prosperen las iniciativas para reformar la Ley del Seguro Social y del Trabajo con un congreso encabezado por el partido Morena, además el titular del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador dijo que ratificara el Convenio 189 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT).

A propósito de la resolución de la SCJN López Obrador fue cuestionado en su conferencia matutina del viernes 7 de diciembre en la que aseguró que va a ratificar el Convenio 189 de la OIT, un instrumento internacional que obliga a los Estados a generar las condiciones dignas y respeto de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar.

Aunque el presidente se limitó a dar más detalles al respecto sólo dijo hablará con la secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Albores González, para cumplir con este acuerdo.