* Reacomodos institucionales y falta de recursos.

En la llamada lucha contra la corrupción y el fin de los vicios de antiguos regímenes, la 4T ha iniciado un reacomodo de la política pública del Estado, incluyendo las estrategias de atención a la epidemia del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el sida.

Hasta el momento hay más dudas que certezas sobre el futuro de las instancias encargadas de prevenir y atender la epidemia en México. Actualmente se optimizó el esquema de consolidación de compras de los antirretrovirales, pero también se cancelaron los subsidios a las organizaciones de la sociedad civil que históricamente han contribuido en la erradicación de esta enfermedad.

Además, con la reestructuración de la Secretaría de Salud (Ss), se han ventilado intenciones de convertir al Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH Sida (Censida) en el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas.

Cimacnoticias realizará una serie de reportajes donde se abordarán las implicaciones que tienen estas decisiones para la población de mujeres que viven con VIH y sida. Ellas representan 21 por ciento de las 230 mil personas que el Censida estimaba vivían con VIH hasta 2017. Su visibilidad es primordial por las condiciones de desigualdad social e incluso biológica que propician que tengan una mayor vulnerabilidad ante la epidemia.

EL DESMANTELAMIENTO

En medio de los ajustes en el sector salud e incógnitas para las personas que viven con VIH y sida, en México, al cierre de 2018, el Censida registró 164 mil 675 casos de VIH y de sida en personas que se encuentran vivas. Durante ese año se registraron 16 mil 755 casos nuevos, es decir, 2 mil 575 más que el año anterior; además se estima que una de cada tres personas desconoce que es portadora del virus.

Hasta marzo de este año, se diagnosticaron 190 mujeres con sida y 269 portadoras de VIH. La tasa de mortalidad por VIH se calcula en 3.8 defunciones por cada 100 mil habitantes, en mujeres es de 1.3 y 6.5 en hombres.

Frente a este panorama, el Censida, organismo descentralizado del gobierno, creado en 2001 para fungir como rector de las acciones en salud contra el sida y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), hoy está acéfalo tras la salida de su entonces titular, la doctora Patricia Uribe Zúñiga, quien ocupó el cargo desde 2013 y abonó en la detección de las mujeres y prevención de la transmisión perinatal.

El centro no sólo está prácticamente vacío como constató esta agencia en una vista a las instalaciones y señaló el personal restante. Su inminente cierre daría paso al Centro de Enfermedades Infecciones donde la política contra el VIH y sida pasarían a ser un área dentro de su estructura.

En reiteradas ocasiones esta agencia solicitó una entrevista con el encargado del despacho del Censida, el director de Prevención y Participación Social Agustín López González, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Pese a lo evidente, la Ss ha preferido no confirmar la reestructuración del Censida ante los reclamos de las organizaciones civiles vertidos en redes sociales.

Es justo la sociedad civil organizada la principal promotora de acciones frente a la epidemia que llegó en 1983 al país, sin embargo, también enfrentan la desconfianza del presidente Andrés Manuel López Obrador en su cruzada contra la corrupción, ya que los programas sociales que este sector emprendía con el subsidio federal, se han desmantelado.

Censida emitía anualmente una convocatoria para financiar proyectos de las organizaciones, tendientes a la prevención del VIH. La sociedad civil trabajaba en lo local a través de campañas, aplicaciones de pruebas rápidas y acompañamiento a tratamientos en sectores que el gobierno no tiene la capacidad de atender.

Este acuerdo entre Estado y sociedad civil se efectuaba desde 2006, pero Censida canceló la convocatoria este año debido a la “circular 1” de Obrador que contenía un mensaje claro: no debían transferir recursos federales a las OSC.

Sólo en 2018 el Censida benefició a 98 organizaciones, la partida de este año ascendía a más de 116 millones de pesos, pero el recurso, en lugar de darse a las organizaciones civiles, se ha planteado enviarlo a las secretarías de salud estatales.

En la siguiente entrega las organizaciones civiles especializados en la materia darán su lectura sobre la 4ta y la atención al VIH Sida.