Este 31 de agosto concluye la LXIII Legislatura y con ella se quedan sin fuero diputados y senadores, algunos de los cuales fungieron como funcionarios en administraciones corruptas estatales, como es el caso del extesorero de Javier Duarte, el actual diputado federal priista, Antonio Tarek Abdalá Saad.

Fue acusado por la Fiscalía General de Veracruz (FGE) por el presunto desvío de más de 23 mil millones de pesos durante la gestión de Duarte, hecho por el cual, la FGE solicitó su desafuero en 2017, proceso que el PRI en la Cámara de Diputados impidió, mandando el juicio de desafuero a la congeladora.

Abdalá es pieza clave en el mecanismo implementado durante la administración de Duarte, para desviar miles de millones de pesos de fondos federales y estatales, mediante el uso de empresas fachadas en contubernio con otros funcionarios duartistas.

El actual diputado, fue inhabilitado en noviembre de 2016 para desempeñar un empleo, cargo o comisión del servicio público por un término de 10 años por la Contraloría General del Estado de Veracruz (CGE), a raíz de la investigación derivada de la denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por el desvío de más de 1 mil 600 millones de pesos destinados a educación y salud, cuando Abdalá Saad era el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefiplan).

Tarek Abdalá fue quien autorizó pagos millonarios a la red de empresas fantasma, cuando ocupaba el cargo de director de administración del DIF de Veracruz, y Karime Macías Tubilla era la presidenta honoraria.

La Fiscalía de Veracruz, afirma que Karime era quien coordinaba y ordenaba los pagos a las empresas fachadas para desviar los recursos públicos, delito por el cual, se giró orden de aprehensión en su contra, que ya sabemos todos, se encuentra disfrutando de unas vacaciones pagadas por los contribuyentes mexicanos en Londres. Mientras el trámite a su petición de asilo político al Gobierno de Reino Unido avanza, gracias a las herramientas que le dio el espectáculo mediático electorero que el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, montó en medio de la campaña electoral para jalar votos para su hijo.

En días pasados, nos enteramos de una nueva carpeta de investigación que la PGR abrió por el presunto desvío de más de 1 mil 700 millones de pesos en 2014, que estaban destinados al sector salud en Veracruz, principalmente al Seguro Popular.

Recursos públicos que fueron retenidos o transferidos a distintas cuentas por la tesorería de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, de la cual Tarek Abdalá Saad era el titular en aquel entonces.

La averiguación previa por los 1 mil 700 millones de pesos esfumados de las arcas veracruzanas, ya es la número 70, ¡sí, leyó bien!, setenta que la PGR inicia por el mal manejo de recursos federales durante la administración de Javier Duarte de Ochoa. De esas 70 averiguaciones, ninguna ha sido consignada ante un juez. Ningún funcionario ha sido castigado y los recursos públicos, bien gracias, en las cuentas bancarias de vaya usted a saber quién.