Por unanimidad de votos, los integrantes de la 60 Legislatura aprobaron un exhorto de urgente al Gobierno del Estado de México (GEM), a la Fiscalía General de Justicia estatal, a la Secretaría de Seguridad y a los 125 Ayuntamientos, para que emitan medidas de prevención y protección necesarias para garantizar a las y los periodistas un entorno seguro y propicio para ejercer su labor de forma libre e independiente.

El punto de acuerdo presentado por la diputada Azucena Cisneros Coss, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, exige el cese inmediato de las agresiones contra periodistas en la entidad, que han venido en aumento, pues de agosto de 2018 a la fecha, la Visitaduría Adjunta de Atención a Periodistas y Comunicadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ha recibido 23 quejas por agresiones a periodistas.

En este año se presentaron 16 quejas por agresiones, 8 de las cuales ocurrieron en junio y julio, y fueron propiciadas por servidores públicos.

“Lamentablemente, la labor periodística se ve vulnerada y restringida por las amenazas, agresiones y denuncias que sufren de manera reiterada los periodistas, quienes son atacados por documentar y divulgar información que se considera «inconveniente”, al dejar de manifiesto violaciones a los derechos humanos, corrupción, abuso de autoridad, cuestiones ambientales, delincuencia organizada, tráfico de drogas, crisis públicas y emergencias”, acusó la legisladora de Ecatepec.

En este sentido, recordó que el 9 de julio la Codhem emitió un pronunciamiento, en el que hace un enérgico llamado a evaluar la situación de la libertad de prensa en los municipios mexiquenses.

El 10 de febrero, policías municipales de Nezahualcóyotl, agredieron a reporteros de los periódicos Reforma, Pásala y El Universal Gráfico, de este último Armando Martínez, fue rociado con gas lacrimógeno, cuando documentaba el hallazgo de una persona sin vida en la colonia Ampliación Ciudad Lago, y pese a que los periodistas nunca rebasaron la línea amarilla, les impidieron realizar su trabajo.

Asimismo, el 17 de junio el reportero Oswaldo Müller y su camarógrafo Guillermo Perea del canal 6 Telediario, fueron agredidos, durante una transmisión en vivo de un accidente vehicular, los familiares de las víctimas trataron de impedir que grabaran imágenes de lo sucedido, y la policía municipal de Nezahualcóyotl, no les brindó auxilio y no detuvieron a los agresores. (Expediente núm. CODHEM/TOL/APC/9/2019)

Otro de los casos con expediente en la CODHEM, es el que ocurrió el 1 de julio, cuando inspectores del ayuntamiento de Toluca, golpearon a la reportera Cristina Espinoza de la revista Cuartoscuro y a Jorge Alvarado, fotógrafo del Universal, al intentar documentar el desalojo de vendedores de papas. (Expediente núm. CODHEM/TOL/APC/12/2019)

Ante esta situación, la legisladora dijo que las autoridades estatales y municipales deben tomar cartas en el asunto para evitar agresiones de servidores públicos, adoptar medidas específicas y efectivas para prevenir nuevos ataques y otras formas de violencia contra mujeres periodistas y para enjuiciar y castigar a sus responsables.

El exhorto solicita a las autoridades estatales y municipales capacitar, concientizar e instruir a las fuerzas policiales, fiscalías y al Poder Judicial, sobre la importancia social del trabajo de las y los periodistas, para protegerlos contra la intimidación y los ataques, pero específicamente para garantizar que puedan trabajar en plena libertad de circulación y puedan recolectar y difundir la información, sin miedo a represalias.

Además requiere, se emitan protocolos de seguridad y planes de contingencia, dirigidos a los servidores públicos estales y municipales con el objetivo de que en todas sus actuaciones se respete el derecho a la libertad de expresión, y se garantice la seguridad de las y los periodistas en eventos masivos y zonas de conflicto. Y exige agotar líneas de investigación a los ataques, y terminar con la impunidad.