Al menos 68 por ciento de los cerca de ocho millones de mujeres y niñas ha reportado algún tipo de acoso o abuso sexual en el transporte público
La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa llamó a instituciones locales y federales a impulsar una estrategia integral que incluya la capacitación y la adecuada aplicación de protocolos, para atender y apoyar a las víctimas de acoso y abuso sexual en espacios públicos de la Ciudad de México.
La diputada perredista local Rebeca Peralta León comentó en tribuna que diariamente en la Ciudad de México cerca de ocho millones de mujeres y niñas se movilizan hacia sus hogares, escuelas o trabajos.
Sostuvo que por lo menos 68 por ciento de ellas ha reportado algún tipo de acoso o abuso sexual en el transporte público, sin contar la cifra negra de los ultrajes que no se denuncian.
Peralta León subrayó que a pesar de que los delitos sexuales se tipifican en el Código Penal local persisten deficiencias en la aplicación de la ley por parte de policías, agentes del Ministerio Público y otros servidores con competencia en esos casos.
Por ello urgió a acabar con dilaciones y largos trámites, algunos sexistas y hasta discriminatorios, a fin de fortalecer una verdadera cultura de la legalidad ajena a la llamada “justicia por propia mano”, que no es más que una inaceptable venganza y, en sentido jurídico estricto, la comisión de otro delito.
Explicó que a través de un punto de acuerdo promovido por el diputado local perredista Leonel Luna Estrada se solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México poner en marcha o intensificar la capacitación de sus elementos.
Ello, a fin de que conozcan y ejecuten el protocolo de actuación a solicitud de víctimas en el transporte y espacios públicos, como el Metro, y cuando detecten la comisión del delito en flagrancia.
En el documento leído por Rebeca Peralta se pidió al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) impulsar o fortalecer la capacitación, sensibilización y concientización de su personal.
Se pide capacitar principalmente a los agentes del Ministerio Público y funcionarios que atienden las denuncias, para no revictimizar a la denunciante.
