Representantes de organizaciones de la sociedad civil exigieron al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y al Gobierno Federal mantener y fortalecer el programa Proequidad, por medio del cual se financian proyectos de agrupaciones no gubernamentales.
En un pronunciamiento que publicaron en la plataforma chance.org, las defensoras de los derechos de las mujeres pidieron que se mantenga el espíritu que dio origen a este programa: el fortalecimiento de la relación institucional entre el Inmujeres y las organizaciones de la sociedad civil.
A propósito de una reunión que hoy tendrá la Junta de Gobierno del Inmujeres, las defensoras señalaron que durante doce años, por medio del Proequidad, las agrupaciones pudieron desarrollar proyectos dirigidos a cerrar brechas de desigualdad, un trabajo que tiene un impacto indiscutible a favor de la igualdad de género.
Son embargo, la «Circular número 1», emitida por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el 14 de febrero de 2019, en la cual prohíbe transferir recursos a las organizaciones, detuvo la aprobación del Proequidad por parte de la Junta de Gobierno del Inmujeres.
No obstante, en diciembre pasado la Cámara de Diputados etiquetó más de 86 millones de pesos para este programa.
En la reunión de la Junta de Gobierno del Inmujeres, que sesionará este martes 30 de abril, la institución deberá informar el resultado de las consultas que se realizaron a la Secretaría de Hacienda sobre la distribución de estos recursos, de lo que dependerá la continuación del programa.
Las firmantes advirtieron que el intento por desaparecerlo, llevar el recurso a un rubro distinto al cierre de brechas de desigualdad y por eliminar la participación de las organizaciones de la sociedad civil, sería ilegal, pues la Ley del Inmujeres establece claramente entre sus objetivos la participación de la sociedad civil para asegurar la igualdad de oportunidades.
El Instituto también estaría violando la Ley Federal de Entidades Paraestatales que establece que las entidades paraestatales manejarán y administrarán sus recursos por medio de sus propios órganos.
Finalmente, pidieron que el Inmujeres actúe con responsabilidad porque un retroceso en el Proequidad contravendría las Recomendaciones que en julio de 2018 hizo del Comité CEDAW al gobierno mexicano, en particular las relacionadas con el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.
En tanto, en un comunicado, las integrantes del Consejo Social del Inmujeres señalaron que es claro que el Proequidad es un programa prioritario que cuenta con bases de participación, mecanismos de transparencia y para la presentación de informes, al mismo tiempo que sus recursos de operación están etiquetados en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación para este año.
Agregaron que defenderán la pronta publicación de la convocatoria del programa y darán todos los argumentos jurídicos y políticos para coadyuvar a su aprobación y garantizar su operación.
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