“Yo no fui”, fue lo único que dijo Erika, cuando los oficiales de la Unidad Operativa Contra la Violencia Doméstica la llevaron ante el Ministerio Público, en Tijuana, para que respondiera por la muerte de Valentina, su bebé de 11 meses.
El cuerpo de su hija estaba cubierto casi en su totalidad por pequeños coágulos de sangre, entre manchas moradas, verdes y rojas.
Con menos de un año, a Valentina le rompieron los huesos del pómulo, le dañaron los pulmones y le dejaron marcas de dientes en sus glúteos. Erika llegó un domingo 6 de agosto al Hospital General de Tijuana, dijo que se trataba de una urgencia. Entró con su niña inconsciente, exigió la atención de un médico y al ver las condiciones se la dieron.
Sólo bastó una revisión ocular del médico para detectar que Valentina era posiblemente una víctima del síndrome del niño maltratado, un término utilizado entre las coloraciones y fiscalías para reconocer a los niños que sufren violencia dentro de sus familias.
Su cuerpo, con menos de un metro de estatura, tenía moretones, estaba hinchado, y en los brazos y nalgas tenía mordidas, pero el daño más grave estaba dentro de sus órganos, poco a poco comenzaron a fallar hasta que su cerebro murió.
Cuatro días luchó por su vida, en una camilla de la Unidad de Urgencias Pediátricas del Hospital General de Tijuana; respiraba con dificultad. El personal médico llamó a Trabajo Social y dio el reporte por la sospecha de un caso de niño maltratado. Inició un protocolo que mantienen dentro de las instituciones médicas ante una posible responsabilidad de los padres o familiares en tutela de menores.
Ese mismo día se pidió la intervención del Ministerio Público y se abrió una carpeta para indagar el delito de lesiones contra Valentina, la bebé de 11 de meses.
Para ese entonces, Erika, la madre, exigía ver a su hija; sin embargo, los lineamientos del protocolo lo impiden hasta aclarar su responsabilidad en la agresión de la que fue víctima su bebé. El médico había declarado muerte cerebral y sabía que no había tantas esperanzas de que su cuerpo resistiera el daño.
Para el lunes, un día después de que ingresó al hospital, la mamá de Valentina fue arrestada por oficiales de la policía de Tijuana, asignados a la Unidad Operativa Contra la Violencia Doméstica. Erika sólo respondió: “Yo no fui”. Luego la trasladaron ante el Ministerio Público para que rindiera su declaración, pero se rehusó. Utilizó su derecho a guardar silencio, oficialmente aún no hay una explicación ni una reconstrucción de los hechos sobre la causa de la golpiza que sufrió la bebé de 11 meses.
Ese mismo día Erika quedó en libertad y pidió que le dejaran ver a su hija, pero no hubo manera. Fue hasta el 9 de agosto, casi a las 11 de la noche, cuando a Valentina le dejó de latir el corazón. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) retipificó el delito: cambió lesiones por homicidio. La fiscalía investiga quién es el responsable de la muerte de esa niña, si la familia está involucrada y si también hubo alguna omisión. Según un reporte del Hospital General de Tijuana, en 2016 se registraron 11 ingresos a la Unidad de Urgencias Pediátricas, todas relacionadas con maltrato infantil, mientras que en lo que va del año por lo menos son dos casos, contando la muerte de Valentina.
