Los recursos federales surgieron del Programa Empleo Temporal Inmediato (PETI) y fueron operados directamente entre abril y mayo de este año por Ortegón Alvarado, quien había sido designado como delegado federal de Sedesol en Guerrero en esos días (5 de abril), y previamente se desempeñaba como Coordinador de Giras de Astudillo, indican informes oficiales.
También está implicado el actual titular de la Secretaría de Desarrollo Social estatal, Mario Moreno Arcos, exalcalde de Chilpancingo y primo de Humberto Moreno Catalán, líder de la autodefensa de Tlacotepec que mantiene una brutal confrontación con la comunitaria de Chichihualco, lo que ha provocado el cierre de escuelas y centros de salud, así como una estela de crímenes y personas desplazadas por la violencia en la sierra de la entidad.
En contraste, no existen datos abiertos sobre “los proyectos, obras y ciudadanos beneficiados” con la inversión millonaria, a pesar de que se trata de información pública de oficio, como marca la Ley de Transparencia.
Incluso, los niveles de violencia y pobreza que se viven en Guerrero, mantienen a la entidad en los primeros lugares de inseguridad y marginación en el país, señalan indicadores del INEGI y el gobierno federal.
El pasado 23 de abril, Astudillo solicitó al titular de Sedesol federal, Eviel Pérez Magaña, mediante el oficio PE/SP/026/2018, la autorización de una transferencia extraordinaria de 50 millones, a través de la delegación estatal que dirige su ex empleado, Carlos Ortegón.
Los recursos del PETI presuntamente serían utilizados para “realizar acciones y proyectos que contribuyan a superar la situación de emergencia causados por falta de empleo ocasionados por la inseguridad y en beneficio a sectores vulnerables y en extrema violencia”, afirmó el gobernador en ese entonces.
Al siguiente día, el secretario de Desarrollo Social en la entidad, Mario Moreno Arcos, abrió la cuenta 26644 de inversión en una sucursal bancaria de Scotiabank en esta capital con 100 mil pesos en efectivo para que la delegación federal transfiriera los recursos millonarios.
Aunque fue hasta el 14 de mayo cuando Astudillo designó a Moreno Arcos como encargado de coordinarse con el delegado federal de Sedesol y realizar los trámites para bajar los 50 millones autorizados.
Después, se desconoce el uso del dinero público en pleno proceso electoral presuntamente destinado para “fortalecer la contingencia económica en la entidad para beneficiar a los hogares más vulnerables y en pobreza extrema”, reiteró Astudillo en un documento interno.
