Los candidatos Alfredo del Mazo tercero, Delfina Gómez, Juan Zepeda, Óscar González y Josefina Vázquez formalizaron ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) su solicitud de registro como candidatos a la gubernatura por el PRI, Morena, PRD, PT y PAN, respectivamente.
La oposición demandó a la autoridad electoral cumplir con las obligaciones que la ley le establece, acusó enfrentar una “elección de Estado” y denunció el uso ilegal, indiscriminado y amoral, por parte de los gobiernos federal y estatal, de los programas sociales para la compra y coacción del voto.
Del Mazo Maza llegó acompañado apenas por liderazgos locales: Alejandra del Moral, su presidenta estatal; el líder del Congreso mexiquense, Cruz Juvenal Roa; Ernesto Némer, su coordinador de campaña; dirigentes estatales de partidos aliados: Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social, y militantes que no abarrotaron el instituto.
Su discurso ante medios fue breve y denotó nerviosismo, se equivocó al menos en tres ocasiones, y otras más titubeó, sobre todo cuando le fue cuestionada la posibilidad de que su partido se encuentra detrás de las campañas de lodo contra sus oponentes de PAN y Morena:
“(Es) lamentable que haya deseos de manchar el proceso. No asumimos la responsabilidad de lo que está sucediendo, lo criticamos porque aleja a la ciudadanía”, excusó, e hizo votos por que el ambiente se recomponga a pesar de que en la etapa previa la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ha iniciado ya 117 denuncias.
El primo del presidente Enrique Peña negó que resulte ilegal el reparto de programas sociales previo a la contienda.
Los gobiernos federal, estatal y municipales, justificó, hacen un trabajo permanente de acercamiento, apoyo y vinculación con la ciudadanía, “lo tienen permitido por ley; hasta que inicie la veda electoral, los mexiquenses no tienen que verse afectados con la suspensión”, dijo.
Por su parte, desde el patio central del IEEM, Horacio Duarte, presidente estatal de Morena, exigió al gobierno federal y estatal frenar la entrega de dádivas, y solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informar sobre el origen de los recursos que la administración estatal del priista Eruviel Ávila entrega a través de tarjetas bancarias a las que se depositan 2 mil 400 pesos para cada beneficiario, pues “allí está el cuerpo del delito”.
“A la Fepade le pedimos que no se doble y resista a la presión del gobierno federal, quien a capricho quiere imponer en el Estado de México a Alfredo del Mazo, su primo y empleado en los últimos 12 años”, manifestó.
Óscar González Yáñez, candidato del PT al gobierno mexiquense, calificó como “amoral” el gran incremento en la entrega de programas sociales durante el proceso electoral, distribuidos de manera estratégica sobre todo en los municipios en los que el PRI no tiene aceptación. Por tanto, demandó prudencia del presidente Enrique Peña y del gobernador Eruviel Ávila.
De igual manera, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mot,a insistió en que la contienda por la gubernatura mexiquense es una elección de Estado, “porque hemos visto la intervención de las autoridades estatales y federales de manera reiterada”.
“Convoco a que la población reciba lo que se ha ganado con sus impuestos. Lo que constituye un delito electoral es que (los apoyos) se condicionen a la copia de la credencial de elector”, dijo.
