La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) aceptó la petición de Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado en Guerrero y conformó un Grupo de Trabajo que investigará los obstáculos que enfrentan las mujeres y niñas que desean interrumpir un embarazo producto de una violación sexual.

El pasado 8 de marzo las organizaciones “Observatorio Ciudadano de Violencia en el estado de Guerrero” y “Justicia, Derechos Humanos y Género”, presentaron una petición de AVG por Agravio Comparado, es decir, por existir en el estado un ordenamiento jurídico que transgrede los Derechos Humanos de las mujeres.

El agravio que denunciaron es que el artículo 159 del Código Penal de Guerrero, relativo a las excluyentes de responsabilidad en caso de aborto, establece que cuando el embarazo es resultado de una violación el Ministerio Público debe comprobar los hechos para autorizar su práctica.

Esta regulación, señalan las peticionarias del mecanismo, contraviene la Norma Oficial Mexicana 46 (NOM 046) sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres y la Ley General de Víctimas, las cuales excluyen el requisito de una denuncia para que las víctimas de violación sexual accedan al aborto.

La falta de armonización de la normativa estatal genera confusión y hace inaccesibles el servicio de aborto para las guerrerenses que los necesitan, indica la petición de AVG.

La Conavim aceptó la solicitud de las organizaciones y conformó un grupo de expertas provenientes de la academia para darle seguimiento. Según la información que publicó la Comisión en su sitio web oficial, lo conforman de la Universidad Anáhuac Puebla, Flor Aydeé Rodríguez; por la Universidad Autónoma Metropolitana, Sandra Muñoz Miranda; del Centro de Estudios Superiores de Guerrero, Alejandra Ventura Reyes; y Josabeth Barragán Torres representante del Centro Universitario del Pacífico Sur.

Este Grupo de Trabajo una vez conformado tiene un mes para investigar y generar un informe sobre la situación que denunciaron las organizaciones civiles, que incluya recomendaciones al gobierno para cambiarlo.

Al respecto las peticionarias de la Alerta hicieron cinco demandas en la solicitud al gobierno: que el congreso de Guerrero modifique el artículo 159 del Código Penal local para eliminar los obstáculos que impiden a las víctimas de violación recibir el servicio de aborto; al sistema de salud pública estatal que aplique la NOM 046 sin exigir el requisito de denuncia; también que registren los abortos que practican y tipo de causal; que las instancias de salud tengan personal no objetor de conciencia; y al poder Ejecutivo del estado le demanda la creación de Programa de interrupción legal del embarazo.

De acuerdo con datos oficiales reportados en el informe de AVG por violencia feminicida en Guerrero, de 2009 a 2016 ocurrieron 2 mil 717 casos de violación sexual. Mientras el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero informó que en el mismo periodo conoció mil 120 casos de violación sexual.

A pesar de estos datos el informe “Violencia sin interrupción” del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) reporta que de enero de 2009 a junio de 2016 la Secretaría de Salud de Guerrero practicó únicamente 5 abortos por violación sexual.

De ser declarada la AVG por Agravio Comparado en Guerrero, la entidad sumaría dos Alertas pues tienen decretada desde junio de 2017 una por los casos de feminicidio en ocho de sus municipios.

La AVG por Agravio Comparado es un mecanismo que además de Guerrero sólo se ha solicitado en Veracruz, donde finalmente procedió a declararse y obligó al congreso local a despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, las y los legisladores veracruzanos se han negado y llevaron el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde permanece pendiente de discusión.