Una de la propuestas principales del próximo gobierno federal será la austeridad. El propio López Obrador ya declaró que bajará su sueldo y el de algunos altos funcionarios. Para el tabasqueño, se derrochan miles de millones de pesos en nóminas infladas y es hora de parar ese abuso. La mira apunta a varios de los trabajadores más ricos de México: los jueces y magistrados de la Suprema Corte.
Para evitar que sus salarios sean recortados, los hombres de toga negra no quieren perder sus salarios millonarios y están buscando alguna rendija legal de la cual colgarse para evitar que sus nóminas se reduzcan ante la inminente austeridad del tabasqueño. Los ministros mexicanos llegan a ganar hasta 4.5 millones de pesos anuales, y esto es apenas una parte de todos los privilegios que mantienen en la corte nacional. Viajes, despensas, viáticos, prestaciones especiales y estímulos, son parte del menú de ganancia que se tiene en el país al encabezar la ley.
Durante los últimos años se ha criticado este tipo de salarios. Los magistrados mexicanos ganan incluso más que el presidente. Peña ganó 3.4 millones de pesos en 2017, es decir, 1.1 millones de pesos menos que los hombres de toga y mazo. Para López Obrador, esto es inadmisible, por lo que aseguró que desde su llegada al poder hará recortes drásticos a jueces y magistrados nacionales. Esto generó enojos, principalmente en Medina Mora, un magistrado y gran rival del tabasqueño.
Mora, como hombre docto en leyes mexicanas, ya está escarbando para encontrar sustentos legales que detengan la intención de austeridad de López Obrador. Para magistrados como él, es impensable que sus salarios sufran alteraciones que no sean incrementos salariales. Al año, el poder judicial mantiene un presupuesto de hasta 80 mil millones de pesos. La cifra no solo es exagerada, sino que también se reparte entre pocas personas. A la cultura nacional, por ejemplo, le dieron 12 mil millones de pesos en 2018.
Las revisiones salariales son inevitables y los magistrados ya planean berrinches para asegurar la estabilidad en sus carteras. Mora encabezaría posibles huelgas judiciales y demandas para evitar que su salario de 12,500 pesos diarios se vea afectado. Esta preocupación no la comparten todos los magistrados y jueces, aunque sí la mayoría, por lo que desde dentro del órgano judicial podrían separarse dos grupos.
Para atender el tema, Obrador tiene de aliada a una exministra. Olga Sánchez Cordero, futura primera secretaria de Gobernación, ya ha realizado diálogos con el apartado judicial mexicano para atender sus necesidades. Olga fue ministra mexicana y hasta el momento goza de una pensión vitalicia de 258 mil pesos mensuales. Con este dato, se ha intentado negociar un pacto para que tanto ella como los actuales magistrados mantengan sus privilegios económicos. Pero Cordero ya comentó que donará su pensión completa cuando entre en funciones.
Con este enojo de los jueces mexicanos, inician los descontentos por un plan de austeridad que mantiene en tensión a varios funcionarios mexicanos. López Obrador aseguró que este tipo de derroches de dinero público para pagar algunas pocas nóminas son un ejemplo claro de los abusos del PRI en el poder que habrán de terminar cuando reciba la banda presidencial en diciembre próximo.
