Esa es la causa de la risa de Duarte. El exgobernador priista de Veracruz Javier Duarte Ochoa solo será enjuiciado por el desvío de 570 millones de pesos, siendo que robó al menos tres mil millones del erario veracruzano

No hay una cifra exacta, o no se ha querido dar a conocer, de lo desfalcado por el priista que está preso en Guatemala, quien en su pasada audiencia apareció de muy buen humor y sonriendo todo el tiempo. Ya se supo de qué se reía.

De acuerdo a la orden de extradición que elaboró la Procuraduría General de la República, la cantidad máxima por la que se enjuiciará en el país a Duarte de Ochoa asciende a 570 millones de pesos, mientras que el valor de sus ranchos Las Mesas y El Faunito, así como los departamentos que le decomisaron en la Ciudad de México, superan los 500 millones de pesos, señalaron funcionarios del actual gobierno de Veracruz.

Las autoridades reiteraron que aunque el monto desviado pudiera ser cubierto con las cuentas y bienes que le han incautado, la pena de cárcel no se cancelará para el político priísta, que luego de seis meses de estar prófugo de la justicia fue detenido el pasado 15 de abril en un hotel de lujo ubicado en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá.

De acuerdo con las acusaciones presentadas por la fiscalía de Guatemala, en representación del gobierno mexicano, en dos juicios de extradición presentados contra Duarte de Ochoa, en el primer caso son imputaciones de carácter federal, en las que se le acusa de haber desviado 350 millones de pesos a más de 40 empresas fachada, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En el segundo proceso, las autoridades presentaron como base dos órdenes de aprehensión libradas por un juzgado del fuero común del estado de Veracruz, en las que se le imputa la comisión de cinco delitos: abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y peculado.

En estos últimos casos la Fiscalía General de Veracruz le imputa el desvío de 220 millones de pesos que estaban destinados a obras públicas de agua potable, alcantarillado y modernización de infraestructura pluvial.

A los daños al erario que se han contabilizado en las acusaciones de extradición, deberán sumarse las multas que determinen los jueces mexicanos al término de los procesos penales, siempre y cuando encuentren culpable al político mexicano.