CIUDAD DE MÉXICO.- Nuestro país se está convirtiendo en el de la ‘macro corrupción’ y en el de las ‘micro instituciones’. La Procuraduría General de la República, El mismo Presidente Enrique Peña Nieto y los partidos políticos se cubren unos a otros tapándose sus corruptelas y son culpables de que mandatarios y gente allegada a la administración pública siga vaciando las arcas del erario.
Es el caso del hoy gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien ha sido exhibido por Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA); el mandatario jarocho ha logrado amasar una increíble fortuna al amparo de poder y de sus cuates y compadres.
En la ‘carpeta azul’, un anexo de 147 páginas, que entregó AMLO al mismísimo EPN, así como a medios de comunicación además publicó en su cuenta de Facebook, se detallan los actos de corrupción que cometió Yunes Linares de 2006 a 2010 cuando era director del ISSSTE; también se hace del conocimiento de las empresas que obtuvo y negocios que creo y realizó a través de su hijo Omar Yunes Márquez en México y España.
En el anexo de 147 fojas se muestran además documentos oficiales, hojas de contrato, registros públicos de la propiedad en la Ciudad de México, Estados Unidos y Veracruz de denuncias penales por enriquecimiento ilícito y hasta pederastía. Se muestran también las irregularidades con las que se laceró la economía veracruzana, el saqueo al ISSSTE entre 2006 y 2010. Además se anexan documentos que comprueban la existencia de las cuatro empresas operadas por su hijo en España, que dejaron de operar en 2012.
Así pues se conoce que Yunes Linares tiene un condominio de 45 millones de pesos en Alvarado, Veracruz; una casa en la CDMX en el #42 de El Pedregal con una extensión de 960 metros cuadrados que vale 30 millones de pesos. Tiene otra propiedad en Coatepec, Morelos con un valor de 15 millones de pesos. Una casa en un exclusivo club de golf. Además cuenta con diversas bodegas, terrenos, despachos y locales comerciales.
Pero esto no acaba aquí. La ‘carpeta azul’ –del mismo color del partido de Miguel Ángel Yunes- también registra otro departamento en el número 1155 Brickell Bay Drive, Mismo Florida y uno más en la Quinta Avenida de Nueva York, Estados Unidos, así como gasolineras en Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan y Cuitláhuac con un valor de 60 millones de pesos. Un rancho en “Santa Gertrudis de RL” en el municipio de Tres Valles que vale 2 millones de dólares. Es dueño de la empresa de servicios informativos Mirafe que vale 10 millones de pesos; un yate Tierra Sobran “Ulúa” que vale 2 millones de pesos; es copropietario de la empresa de bienes “Kristhal” junto con su primo César Yunes Landa. Es suya la empresa “Seguritex” dedicada a la seguridad portuaria que vale 3 millones de pesos.
Su hijo Omar Yunes Márquez es propietario de cuatro empresas en Oviedo, España con la denominación social Vault Investments Sociedad Limitada, Nero Investments, Feles Investments y Maximilian Investments.
Contratos al amparo de Fox y Calderón
La ‘carpeta azul’ también detalla los contratos que Yunes Linares, entonces director del ISSSTE, otorgó de 2006 a 2010 durante la administración de Felipe Calderón. En ese período ‘felipillo’ otorgó 60 contratos a la empresa Stryker por 48 millones, de los cuales solo una tercera parte fue por licitación; el resto fueron otorgados de manera directa lo que contraviene la ley.
En el 2008 se registró un déficit de operación en el Fondo De Salud por más de 9 mil millones de pesos, dos veces más de lo detectado en 2007. Además hubo pagos de obras por varios millones de pesos que jamás se ejecutaron.
Miguel Ángel Yunes tiene además varias denuncias en su contra. En 2013 Manuel Espino presentó una y en 2015 la agrupación de los 400 pueblos; en ambas se presenta documentación sobre las cuentas bancarias y propiedades de Yunes. Sin embargo la PGR mantiene las denuncias en el limbo.
Con esto, Andrés Manuel López Obrador pone en un predicamento a Enrique Peña Nieto y a la PGR porque es verdad que a ninguna investigación se le ha dado trámite alguno lo que pone al descubierto la complicidad del Gobierno Federal y las instituciones que –se supone- están allí para proteger los derechos de los mexicanos; al final es todo simulación para amparar las corruptelas.
Esto apesta a impunidad pactada.