El exgobernador Rubén Figueroa afirmó que el Caso Ayotzinapa se resolvería rápido con una buena indemnización a los padres de los normalistas

Todo comenzó en enero de 1994, cuando se constituyó la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Sus demandas eran: apoyo para el campo, protección de recursos naturales, centros de salud, escuelas,  materiales para fortificar viviendas en situación de vulnerabilidad, construcción de carreteras, y sobre todo justicia para las personas desaparecidas.

Pero las autoridades no hacían nada y por ello tuvieron que tomar carreteras y palacios municipales, acciones que les valió el calificativo de radicales; insurgencias que no pensaba tolerar Rubén Figueroa Alcocer, quien desde el primero de abril de 1993 se ostentaba como Gobernador del estado de Guerrero.

En septiembre de 1994 los integrantes de la OCSS sostuvieron, en Casa Guerrero, el primer encuentro con el mandatario estatal. Solicitaron molinos y machetes, la presentación con vida de los desaparecidos y la liberación de los presos políticos. La respuesta de gobernador fue tajante: “esto ya ni lo pidan, a éstos ya se los llevó la chingada”, relató Óscar Guzmán –primo de Benigno Guzmán, uno de los principales líderes de la organización- en entrevista para El Sur.

Meses después, el 24 de mayo de 1995 desapareció Gilberto Romero, campesino de la comunidad de San Martín de las Flores, quien días antes participó en la toma del ayuntamiento de Atoyac, situación que derivó en un despliegue militar y policiaco sin precedente.

Ante esta situación la OCSS convocó a realizar manifestaciones el 28 de junio en los municipios de Atoyac y Zihuatanejo para demandar la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez y el cumplimiento de los acuerdos pendientes.

La mañana del miércoles 28 de junio, campesinos procedentes de las comunidades de Remonta Grande, Remontita, Las Juntas de los Ríos, Huerta Vieja, Yerba Santita, Tepetixtla, Atoyaquillo, y Paso Real pretendían participar en la manifestación. Sin embargo, alrededor de las 10:30 de la mañana, 400 agentes de la Policía Motorizada, antimotines y judiciales, bajo el mando del mayor Manuel Moreno González, aguardaban en el punto conocido como “Vado de Aguas Blancas”.

En el lugar perdieron la vida 17 civiles y más de 20 resultaron heridos de gravedad. Las primeras versiones –las de las autoridades– afirmaban que un grupo de campesinos armados con pistolas y rifles atacaron a los agentes que habían implementado un operativo –precisamente– para desarmar a la gente que se dirigía hacia la manifestación a realizarse en Atoyac.

De acuerdo con la cronología recabada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el gobierno estatal afirmó que todo derivó de una agresión por parte de los campesinos afiliados al Partido de la Revolución Democrática, quienes al llegar al lugar mencionado atacaron con machetes a un policía y acto seguido detonaron armas de fuego, por lo que los agentes de seguridad reaccionaron y repelieron el ataque.

El gobernador justificó el choque como resultado de una actitud violenta y de provocación por parte de los lugareños. No obstante, días después surgió a la luz pública un video del momento exacto en que aconteció el altercado, grabación que con sus imágenes levantó suspicacias.

Investigaciones periodísticas revelaron que el propio Rubén Figueroa declaró ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tuvo conocimiento, con anterioridad, de los hechos de que la Organización Campesina de la Sierra del Sur, llevaría a cabo un mitin en Atoyac, durante el cual se pretendería tomar las instalaciones del Ayuntamiento, por lo que decidió tomar las providencias necesarias a fin de evitar dicho acto.

Otras pruebas de que se montó el operativo, fue que días antes de la masacre retiraron todos los documentos del Palacio Municipal de Coyuca de Benítez y avisaron al hospital de Atoyac, para que se prepararan a recibir heridos, por lo que se tiene la convicción de que la orden de masacrar a los campesinos fue dada por Figueroa.

El acontecimiento le costó caro al gobernador de extracción priista. No obstante, no tuvo mayores consecuencias a pesar de todo el material que se documentó y exhibió, como el hecho de que Figueroa Alcocer intentó minimizar la masacre al otorgar a los deudos hasta 50 mil pesos a cambio de que no denunciaran públicamente lo que ocurrió.

En estos 21 años las familias de los campesinos muertos han exigido justicia por la matanza, pero las autoridades a lo único que atinan es a otorgarles apoyos diversos como viviendas, becas para los huérfanos e incluso pagos en efectivo. Tal y como lo documentó la cadena CNN el 20 de junio de 2011, cuando el gobierno estatal encabezado por Ángel Aguirre Rivero les entregó a las viudas y sobrevivientes apoyos económicos por 760 mil pesos en total, para proyectos productivos que les generen ingresos.

Recientemente, el ahora exgobernador Rubén Figueroa Alcocer se atrevió a comparar la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero con la masacre de Aguas Blancas, la misma que provocó –un año después– el surgimiento del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

En entrevista con la agencia Quadratín  declaró que el caso Ayotzinapa se resuelve rápido “con una indemnización importante para todos los padres”, dando a entender que él así resolvió la situación que le costó el cargo de gobernador pero que lo salvó de ir a prisión por la muerte de 17 campesinos que solo demandaban igualdad y apoyo.