“Los malos” decían que le iban a “trozar la boca” por estar denunciando la violencia en las Coloradas, recuerda Rodrigo Sales.
Por Rodrigo Sales *Investigador, Amnistía Internacional
La primera vez que concerté un encuentro con el defensor Julián Carrillo quería visitarlo en su casa en la comunidad Rarámuri de Coloradas de la Virgen, en la Sierra Tarahumara, Chihuahua. Pero distintas personas y organizaciones me dijeron que si iba hasta allá, probablemente “los malos” (el crimen organizado), no me dejarían pasar, y que si lo lograba, pondría en riesgo mi vida y la de los miembros de la comunidad.
La alternativa fue encontrarnos en otro punto de la Sierra. Para llegar al lugar indicado tuve que ir en coche por una carretera solitaria y llena de curvas, que me permitió ver por primera vez la belleza de la Sierra Tarahumara. Para Julián, en cambio, significó caminar todo un día e incluso tomar una avioneta.
Desayunamos juntos y fuimos a una zona tranquila y segura en las afueras de la ciudad. El lugar no podía ser mejor: un mirador de la impactante Sierra Tarahumara, desde donde se veían las barrancas, los caminos abiertos por los indígenas para transitar en la región y el río Urique a los lejos.
Julián me contó que defendía el territorio desde 1992, cuando la comunidad lo escogió como Comisario de Policía de las Coloradas, un cargo comunitario responsable por la seguridad del territorio. Luego, ellos mismos lo eligieron como residente de bienes comunes por casi 10 años. Su labor era cuidar el territorio, el agua, el bosque y los animales silvestres.
En 2007 notó que su territorio estaba en riesgo porque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó unos permisos de exploración forestal. Julián se organizó con otros indígenas Rarámuri para solicitarle a los jueces la nulidad de esos permisos. Sus argumentos eran claros: la exploración iba a generar evidentes impactos ambientales y nunca le consultaron a las comunidades indígenas afectadas.
Los más de 15 años de lucha por la defensa del territorio, llevaron a que Julián recibiera un sinnúmero de amenazas y, al asesinato de cinco de sus familiares en los últimos tres años. Ese día me dijo con mucha tristeza que a otros líderes de la comunidad les había pasado lo mismo.
Julián también me confesó que tenía miedo de seguir viviendo en las Coloradas y que, durante un tiempo dejó la comunidad por primera vez debido a que las amenazas en su contra habían empeorado. En julio, estando desplazado en Sinaloa, se enteró por una persona de la comunidad que “los malos” lo seguían buscando; decían que le iban a “trozar la boca” por estar denunciando la violencia en las Coloradas.
Debido al riesgo que enfrentaban Julián y su comunidad, en 2014 el Mecanismo federal que protege a personas defensoras y a periodistas, le otorgó medidas específicas para protegerlo a él, a tres otros miembros de la comunidad, y a dos integrantes de la organización Alianza Sierra Madre A.C, quienes les brindan acompañamiento y apoyo legal.
Les dieron un teléfono satelital, porque en la comunidad no hay señal para teléfono común, y les ofrecieron acompañamiento policial durante los traslados que implicaran salir de la comunidad. Sin embargo, Julián me explicó que muchas veces el teléfono satelital no servía y que los propios policías le dijeron que temían por su seguridad ya que según ellos, la comunidad era muy peligrosa.
Volví a ver a Julián dos meses después, durante una reunión con miembros de las Coloradas, en una ciudad cercana. Se acababan de percatar que parte de su territorio había sido concesionado a una mina por la Secretaria de Economía. Julián levantó su voz una vez más, esta vez para manifestar su preocupación por los problemas que esto traería. Nos alertó sobre los impactos que podría tener en la vida de las personas y el bosque y auguró un incremento en el número de muertes.
Cuando me despedí de él, pensé que la próxima vez tendría la fortuna de ver a Julián en Coloradas de la Virgen, pero dos semanas más tarde me desperté con la noticia de que a Julián lo habían matado. Me sentí frustrado e impotente; su muerte estaba anunciada desde hace mucho y era evidente que el Estado no había tomado las medidas necesarias para garantizar que continuara con vida, a pesar de conocer el riesgo.
La de Julián no es la única vida perdida en México por proteger el territorio y el medio ambiente. En septiembre de 2018, el Mecanismo Mexicano de Protección a Personas Defensoras y Periodistas publicó que en lo que va de este año, 16 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas. Aunado a eso, el Mecanismo enfrenta una grave crisis financiera que podría poner en mayor riesgo a las 702 personas que actualmente son beneficiarias de protección.
México debe tomar medidas inmediatas para superar las causas estructurales detrás de las amenazas, asesinatos y ataques que enfrentan los defensores de derechos humanos en la comunidad de Coloradas de la Virgen. Además, debe redoblar los esfuerzos hacia un mecanismo de protección nacional eficaz, acompañado de políticas públicas integrales, para evitar que historias como la de Julián se repitan.
Julián me enseñó que el miedo no debe ser un obstáculo para luchar por nuestro planeta. Cada asesinato de un defensor del bosque significa la pérdida de miles de árboles. En el contexto actual de crisis climática y ambiental no debemos permitir que asesinen a las personas defensoras y con ellas, a nuestros bosques. Justicia y protección para Julián y las personas defensoras.
(Con información de aristeguinoticias)
