El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, alcanzó hoy tres compromisos con los padres de los 43 alumnos desaparecidos de la escuela de Ayotzinapa, entre ellos la creación de una Comisión de la Verdad, independientemente de las resoluciones judiciales sobre ese órgano.

“Con sentencia o sin sentencia, la comisión para la investigación de la verdad se llevará a cabo”, señaló María Elena Guerrero, madre de uno de los desaparecidos, y agregó que para las familias esto supone “una luz de esperanza” cuando se cumplen cuatro años de la tragedia.

Un tribunal colegiado de Tamaulipas ordenó en junio pasado la creación de la Comisión, dado que la investigación del caso por parte de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”.

Sin embargo, otro órgano judicial paralizó la creación después de que la PGR se declarara imposibilitada para acatar la sentencia, hasta que otro tribunal colegiado resolvió que hay un “sustento constitucional, convencional y legal” para que la comisión se establezca.

“Vamos a solicitar al Poder Judicial, con todo el respeto porque se trata de un poder independiente, que reafirme la sentencia para que se pueda constituir la comisión investigadora en este caso”, declaró López Obrador en una conferencia de prensa después de una reunión con los familiares.

Pese a eso, el futuro mandatario enfatizó que, incluso si esto no pasa, se definirá la comisión investigadora, así como “todo el procedimiento que vamos a llevar a cabo hasta llegar a la verdad y la justicia”.

El segundo compromiso de López Obrador consiste en emitir el 1 de diciembre, día en el que el político izquierdista tomará el poder, un decreto en el que se establezca que el Ejecutivo no obstaculizará la investigación, y las instituciones gubernamentales colaborarán dentro de lo posible.

Mientras que el tercer compromiso es que se abrirán las puertas a los organismos internacionales de derechos humanos para que den seguimiento a la investigación de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.

“Todo será un conjunto para saber la verdad de dónde están nuestros hijos. Como víctimas tenemos derecho a la verdad”, afirmó Guerrero, quien, al igual que los demás padres de los jóvenes, cargaba un cartel con el rostro de su hijo y con el lema “Vivo se lo llevaron, con vida lo queremos”.

El presidente electo, por su parte, recordó que en campaña dijo que ayudaría a “aclarar lo sucedido en el lamentable caso de la desaparición” de los jóvenes. “Y lo vamos a cumplir”, añadió.

De acuerdo con la versión oficial esgrimida por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, los estudiantes fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala por policías corruptos, que los entregaron a miembros de un grupo criminal que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura.

No obstante, este relato ha sido desmentido por expertos internacionales, que han señalado irregularidades en la investigación oficial, así como la imposibilidad física de que 43 cuerpos fueran incinerados en el vertedero.