La priista Pilar Vadillo, asegura que la desaparición forzada fue culpa de las víctimas por “andar deambulando en Iguala”.
De este modo, en las dos sesiones de ayer en el Congreso, las bancadas del PRI y del PVEM frenaron dos exhortos, uno a la Procuraduría General de la República (PGR) para que profundice en las cuatro líneas de investigación por los ataques a estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, y otro para que se investigue el ataque a balazos de policías estatales contra normalistas el 13 de septiembre.
Y, mientras el diputado perredista Perfecto Rosas Martínez exigía la presentación con vida de los jóvenes, la priista Pilar Vadillo Ruiz sugirió que lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 fue responsabilidad de los normalistas por “andar deambulando en Iguala”.
La jornada transcurrió sin ningún incidente, aunque los diputados esperaban alguna protesta de familiares de los normalistas tras haberse cumplido tres años de los ataques.
En este contexto, el diputado perredista Perfecto Rosas reprochó que luego de tres años de la agresión en Iguala, aún continúa la impunidad en el caso, por lo que dijo son también “tres años de vergüenza”.
Agregó que esa noche se recordará por “la brutalidad de las policías para detener a los jóvenes normalistas, brutalidad policiaca que como se expresa en las indagatorias, en complicidad con el crimen organizado, dio paso a la ejecución, al asesinato y la desaparición forzada, y que presumiblemente con toda indolencia o premeditada complicidad, la Policía Federal y el Ejército dejaron pasar, dejaron hacer”.
Dijo que, con este ataque, se pretendía solamente aniquilar, ya que no se trató de un hecho de violencia común.
Para el perredista, lo más indignante e inconcebible fue que “las autoridades involucradas actuaron supeditadas a las órdenes del crimen organizado”, porque los policías entregaron los normalistas a “narcotraficantes, según las investigaciones”.
Perfecto Rosas aseveró que, en lugar de esclarecer el caso, se construyó una estrategia de tortura y operación mediática para la fabricación de culpables, la manipulación de evidencia y el ocultamiento de pruebas a cargo de Tomás Zerón de Lucio como jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con la finalidad de proteger a la Policía Federal y al Ejército.
“Ha sido brutal: hemos caído en una gravísima crisis humanitaria que, incluso, nos ha llevado al más vergonzoso señalamiento y crítica internacional”.
Por este motivo, hizo un llamado para que los diputados dejen la “inacción institucional” y recuerden que son un poder que debería asumir el dolor de las víctimas.
Convocó al poder Legislativo para que se dirija ante la Procuraduría General de la República (PGR) y ante la propia presidencia de la República para pronunciarse “enérgicamente por la búsqueda de la verdad y la impartición de justicia respecto a los asesinatos y la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, caiga quien caiga”.
El discurso del perredista provocó la molestia de la priista Pilar Vadillo Ruiz, quien afirmó que de Ayotzinapa “se hablan las verdades a medias y se convierten en mentiras completas”.
De esta manera, responsabilizó de la agresión, detención y desaparición, únicamente precisamente a las víctimas, por lo que lo ocurrido no es responsabilidad del gobierno federal (a pesar de la intervención del Ejército), pero sí, de los gobiernos perredistas estatal y municipal de Ángel Aguirre Rivero y José Luis Abarca, “quienes debieron actuar desde las primeras horas de cometido el delito” – consideró.
Pidió que el tema de la desaparición de los estudiantes no se vuelva un “tema repetitivo”. Agregando que, aunque es “doloroso que los jóvenes desaparezcan, es mucho más doloroso que a nombre de estos jóvenes se incurra en actos vandálicos, todavía se ignore el sentimiento de la familia y todavía estemos buscando exactamente a un culpable cuando aquí todo mundo ha especulado, fue un acto consumado por la delincuencia organizada”.
