A cobrar favores. Así como legalizar la marihuana para que no sea delito, desde el Senado, los priistas esperan que prospere la iniciativa que presentarán para que partidos políticos reciban, oficialmente, dinero de empresas privadas.

Es de todos sabido que los empresarios le apuestan a uno o dos candidatos a quienes apoyan por debajo de la mesa para luego cobrarles ese favor, pero ahora quieren se haga oficial.

Y es que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) vive uno de sus peores momentos, tanto políticos como financieros.

La propuesta de la bancada tricolor respalda la propuesta de reducir el 50 por ciento del financiamiento público a los partidos políticos realizada por Morena; sin embargo, propone abrir la puerta al financiamiento de empresas privadas.

El proyecto de decreto, que será presentado por los senadores Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong, plantea que concretar una disminución del 50 por ciento en el monto de financiamiento público se debe escuchar y atender.

El tricolor propone modificar la premisa de la prevalencia de los recursos públicos sobre los recursos de origen privado, en el contexto del propio financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales.

Esa medida debe acompañarse de la revisión de las modalidades y los hipotéticos montos del financiamiento privado, porque, de lo contrario, implicaría riesgos no sólo para la viabilidad misma de los partidos políticos y el cumplimiento de sus funciones constitucionales, sino para el posible ingreso de recursos ilícitos en el financiamiento de las formaciones partidarias.

Con el objeto de impulsar una mayor equidad en el acceso al financiamiento público de los partidos políticos, el PRI propone, en primer orden, reformar el artículo 41 Constitucional para que la asignación del 50 por ciento de estos recursos se realice en forma igualitaria y el otro 50 por ciento en proporción a los resultados electorales de la elección inmediata anterior para la conformación de la Cámara de Diputados.

La iniciativa también plantea una reforma a la legislación secundaria, la cual propone la modificación del artículo 53 de la Ley General de Partidos Políticos, con el fin de incluir el financiamiento de personas morales en el catálogo taxativo de modalidades alternas al financiamiento público que tienen permitido los partidos políticos.