“Quedé destrozada para siempre y la familia devastada”. Es el clamor de Yadira Argüelles al referirse a la muerte de su hija Lizeth Aracely Fuentes, maestra de danza del Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, quien desapareció el 30 de octubre año pasado y cuyo cuerpo fue hallado sin vida tres días después en un canal cercano a Cajeme.

La joven de 23 años fue localizada muerta, había sido violada. El lunes 31 de octubre, fue reportada como desaparecida y notificada por la Alerta Amber; un día antes, salió por la mañana de su hogar ubicado en el ejido Primero de Mayo, Campo 77, y se dirigía al Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui donde laboraba como maestra de danza para cobrar unos cheques de su sueldo; nunca llegó.

“No se vale lo que pasó. Requerimos más vigilancia y más atención a lo que está pasando en esta región del sur de Sonora”, demanda la mamá de la víctima que incluso justificaría la pena de muerte para los autores de feminicidios o la imposición de sentencias máximas, tanto por el daño a la víctima y el dolor permanente a las familias, como por medida de prevención para evitar que ultimen a más mujeres.

En el caso de la maestra, su asesino fue capturado y sentenciado a 33 años de prisión, acusado de homicidio y violación de otras tres mujeres; sin embargo, en general la mayoría de los casos de feminicidio quedan impunes.

La señora Argüelles manifiesta que a ellos les alcanzó esta tragedia, a pesar de que “somos gente de campo”, ya que viven en una ranchería del municipio de Bácum, en la zona del Valle del Yaqui, a unos 30 kilómetros de Ciudad Obregón, la cabecera de Cajeme.

Aracely Fuentes Argüelles fue uno los casos que engrosó las cifras de feminicidios en el sur de Sonora, donde organizaciones civiles y feministas solicitaron que se declare la alerta de violencia de género contra las mujeres para Cajeme desde abril de 2015.

A raíz de tal petición, se integró un grupo de trabajo para investigar y dar seguimiento a la solicitud de declarar la AVGM en Cajeme. Después de varias reuniones e informes, la Secretaría de Gobernación emitió un dictamen resolutivo el 4 de agosto pasado, en el que se negó la emisión de la alerta para Cajeme porque “no se actualizan los elementos objetivos suficientes para declararla procedente”.