México incumple “de manera habitual” su obligación de acoger a aquellas personas que necesitan protección internacional, y en la mayoría de las ocasiones no les informa de su derecho a solicitar asilo, de acuerdo con un informe publicado hoy por Amnistía Internacional (AI).

El documento, titulado “Ignoradas y sin protección: La mortal devolución de personas centroamericanas solicitantes de asilo desde México”, se basa en encuestas realizadas a 500 migrantes entre mayo y septiembre del año pasado.

En contra del derecho internacional, el Gobierno mexicano “viola reiteradamente el principio de no devolución (non-refoulement)”, que prohíbe devolver a una persona a situaciones donde corra riesgo real de sufrir persecución u otras violaciones a los derechos humanos, apunta AI.

Tras su investigación, Amnistía concluyó que el 75 % de las personas detenidas por el Instituto Nacional de Migración (INM) no habían recibido información sobre su derecho a solicitar asilo en México, “a pesar de que la legislación mexicana dispone expresamente que se haga”.

Una proporción similar (69 %) contestó que el agente sobre el terreno del Instituto “jamás les preguntó las razones por las que habían abandonado su país”, una de las claves para identificar perfiles de personas migrantes en condición de vulnerabilidad.

La organización encontró también indicios de irregularidades en el procedimiento que violaban los derechos de los solicitantes de asilo, y que, en la práctica, les negaban la posibilidad de impugnar su expulsión y conseguir protección.

Entre las 500 respuestas recibidas, AI “encontró 120 testimonios que proporcionaban sólidos indicios de que había habido devolución”, y que correspondían a personas que habían solicitado asilo de manera explícita o expresado temor por su vida en su lugar de origen, y “a pesar de ello habían sido ignoradas por el INM y deportadas a su país”.

De acuerdo con cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), México recibió 8.781 peticiones de asilo en 2016, lo que supone un aumento del 154,6 % respecto al año anterior.

Si se echa la vista más atrás, las solicitudes de asilo aumentaron en el país latinoamericano más de un 1.000 % desde 2011.

Hubo personas que dijeron a Amnistía “que las habían coaccionado o presionado para que accedieran a su deportación en contra de su voluntad”, señala la organización.

El informe refleja algunos testimonios de migrantes, quienes dejaron frases como “los funcionarios saben que uno no sabe de sus derechos; dicen lo que quieren”, o “yo les pedí (a los funcionarios del INM) pedir refugio y me dijeron que no había, que en México no les gustan los hondureños porque hacemos mucha maldad”.

Otro de los migrantes explicó que desde la estación migratoria no le canalizaron bien y le pusieron “muchos peros” para hacer la solicitud. Le dijeron que “no había Comar en ese estado” y que iba a tardar meses, por lo que “sería mejor regresar” a su país.

Los datos recogidos por Amnistía chocan con la respuesta proporcionada por las autoridades, que señalaron que los casos de devolución son “muy poco corrientes”.

Asimismo, la organización expresó su preocupación por los registros informáticos del INM. Según informó un delegado de la institución en el estado de Chiapas, estos no cuentan con un campo para indicar que la persona es solicitante de asilo o no.

Este aspecto “resulta sumamente preocupante y abre la posibilidad de que estas poblaciones en situación de riesgo pasen inadvertidas”.

Amnistía recordó que los países del denominado Triángulo Norte de Centroamérica -Guatemala, El Salvador y Honduras- siguen sufriendo una situación de “violencia generalizada”, porque la tasa de homicidios es entre cuatro y ocho veces más alta de lo que la Organización Mundial de la Salud considera niveles epidémicos de homicidio.