Entretenida como está una mayoría de la sociedad mexicana en la campaña electoral, especialmente en sus formas espectaculares como los debates entre aspirantes a gobernar el país, y entretenidos en otro de los shows más importantes de la vida moderna, como son los Mundiales de fútbol, a los mexicanos nos están pasando desapercibidos asuntos esenciales como es el destino de las aguas nacionales.

En efecto, mientras se concentra la mirada en las campañas electorales y en el Mundial, el presidente Enrique Peña Nieto utilizó la figura legal de los decretos para modificar el estatuto de las vedas existentes sobre 40 por ciento de las cuencas del país, que contienen 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente el pasado 5 de junio, Peña Nieto anunció la firma de diez decretos que modificaron un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país. En ese 40 por ciento de las cuencas escurre 55 por ciento de las aguas superficiales del país.

En términos sucintos, lo que Peña Nieto autorizó con la aprobación de dichos decretos fue eliminar la “prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua” en esas cuencas con el pretexto de que servirían para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años. Para tratar de legitimar su decisión, el mandatario se hizo acompañar de una organización no gubernamental internacional: World Wildlife Fund la cual aplaudió la decisión presidencial. El presidente de esta ONG en México, Jorge Rickards, se animó a declarar lo siguiente: “Estos decretos representan una visión de futuro que evitará la grave sobre explotación, contaminación y escasez que vivimos en muchos otros ríos del país”.

Pero en lugar de promover la protección de las aguas nacionales, como intentaron justificar el presidente Peña Nieto y el representante de esta ONG internacional, los diez decretos que levantan la veda sobre estas diez cuencas de agua, abren la puerta para que 55 por ciento del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria.

Esa es una de las principales conclusiones de la coalición Agua para Todos donde confluyen “pueblos originarios, organizaciones sociales, trabajadores, sistemas comunitarios de gestión del agua e investigadores comprometidos con la construcción del buen gobierno del agua y el territorio (las cuencas)”.

En un primer análisis de la decisión ejecutiva de Peña Nieto del pasado 5 de junio, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio, la coalición Agua para Todos encontró que “estos decretos van a permitir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadoras de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos”.
Los decretos del ejecutivo federal favorecen los trasvases de agua a gran escala como los que ocurren o están diseñados en varios megaproyectos hidráulicos: el sistema Cutzamala del estado de México a la Ciudad de México; Monterrey VI que prevé trasvase del agua del río Pánuco a Monterrey, o la presa y acueducto El Zapotillo que pretende trasvasar aguas del río Verde de Los Altos de Jalisco al complejo industrial de El Bajío de Guanajuato.

Los trasvases de agua de una cuenca a otra, según explican los especialistas, son uno de los casos más evidentes de despojos de bienes comunes. En este caso, se despoja el agua de las comunidades indígenas o agrarias que han cuidado y protegido este bien común para que de pronto, mediante agresivos proyectos de “desarrollo”, se les expropie ese bien para llevarlo a grandes áreas urbanas.

Pero además, la coalición Agua para Todos estimó que los decretos de levantamiento de veda anunciados por Peña Nieto el 5 de junio, podrían poner en riesgo hasta 50 mil concesiones sin título actualizado o vigente de comunidades indígenas o núcleos agrarios, quienes tenían “las dotaciones del líquido por decreto presidencial, pero esta figura cambió en la ley de Aguas Nacionales y no las renovaron”.

No hay que ser un genio para prever hacia donde se dirigen los cuerpos de agua con las nuevas concesiones previstas: hacia todas las actividades extractivas como minería, explotaciones energéticas, fracking, hidroeléctricas, actividades industriales, desarrollos turísticos e inmobiliarios.

Por sus consecuencias, estos decretos ejecutivos son el equivalente a una “reforma estructural” en materia de agua, pero sin pasar por el poder Legislativo, sólo utilizando facultades del poder Ejecutivo.

Visto en conjunto, estos decretos de levantamiento de veda de utilización de aguas en 300 de las 756 cuencas que existen en el país, significan la “joya de la corona” de las reformas estructurales de Peña Nieto, pues implican dirigir el principal recurso y bien común de los mexicanos no a la satisfacción para la reproducción de la vida, sino para alimentar las distintas dinámicas de acumulación de capital que predominan ahora en México. Desde ahora podemos vaticinar el fracaso de esta política estatal y la defensa de pueblos, comunidades y barrios de sus recursos.