Empresas privadas muy controvertidas tendrán beneficios económicos durante 30 años en Puebla
La Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) que se aprobó por el todavía gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle hizo que empresas privadas administraran edificios, carreteras y centros culturales supuestamente construidos para el beneficio de los ciudadanos de esa entidad.
Sin embargo, el beneficio no fue para todos los empresarios, sino para compañías que tienen una fuerte influencia en los gobiernos y que se han visto envueltas en escándalos, como Grupo Higa -que saltó a la fama por el caso de la “Casa Blanca” -, el español Grupo OHL y las compañías del empresario tijuanense Hank Rhon. Estos poderosos consorcios esperan obtener ganancias en el estado administrado por Moreno Valle hasta por 30 años.
Las PPS son un entramado jurídico que supuestamente permite a particulares invertir en proyectos conjuntamente con el gobierno, aunque al final todo el costo de inversión salga de las arcas del estado y el privilegio económico sea solo para las empresas.
Un ejemplo de esto es el Museo Internacional del Barroco que tuvo un costo de 7 mil 280 millones 933 mil pesos y que será administrado durante los próximos 23 años a un consorcio Sociedad Museo Barroco, conformado por empresas del Grupo Higa y Hank Rhon.
Otro claro ejemplo es la construcción del segundo piso de la carretera México-Puebla que según medios locales se infló el costo por más de 2 mil 500 millones de pesos, lo que representa un sobrecosto del 50 por ciento. Este tramo carretero será administrado y explotado por 30 años por el consorcio español Grupo OHL.
También entre las obras bajo el esquema de PPS destacan la construcción de las plataformas de la armadora Audi por 2 mil millones de pesos a 25 años; alumbrado ecológico en 17 municipios por mil 400 millones 256 mil pesos, durante 10 años.
Otros gastos que se exageraron fue la construcción de la Rueda de la Fortuna itinerante que costó 400 millones de pesos. Otro tema que levantó ámpula por lo ostentoso que resultó construirlo fue el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia, al que se le asignó la módica cantidad de 321 millones de pesos.
Académicos del estado han alzado la mano para manifestar la inconformidad sobre estos gastos que la administración de Moreno Valle tuvo durante los seis años que estuvo encargado del estado de Puebla.
Uno de los pasivos más altos de la entidad son los préstamos que realizó el gobierno a los municipios. Estos rondan los 100 millones de pesos, situación que ya preocupa a la federación.
La ley de los PPS para los expertos es una espiral que dejará al estado endeudado no solo a mediano sino a largo plazo, lo que se estima que Puebla deba dinero durante 30 años.
