El presidente de la Asociación Nacional de Concesionarios de Infraestructura Vial, Marcos Frías, indicó que 99% de los grupos que toman plazas de peaje fue creado específicamente para lucrar con esa actividad ilícita y de 2018 a la fecha han perdido siete mil millones de pesos por las actividades de boteo y extorsión a conductores en casetas.

Dijo que la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación aprobada el martes en la Cámara de Diputados, que sanciona con cárcel y multas a los tomacasetas, es un alivio para concesionarios y usuarios de autopistas.

Señaló que dicha ley nada tiene que ver con el derecho a la protesta social, la cual es legítima, por lo que pidió reforzar la coordinación y homologación de criterios con el Poder Judicial para aplicar el mandato.

La minuta aprobada por los diputados, que pasó al Senado, precisa penas de hasta siete años de prisión a quienes tomen las plazas de cobro con fines de lucro.

La toma de plazas de cobro, indicó, es un bloqueo a las vías generales de comunicación, lo que afecta el derecho de terceros, como usuarios, concesionarios y operadores. Además, el Estado es el principal afectado porque el concesionario es el Fondo Nacional de Infraestructura y el operador más importante es Capufe.

Sin embargo, para Marcos Frías, de concretarse y entrar en vigor las modificaciones a la Ley de Vías Generales de Comunicación, uno de los grandes retos es que en verdad se ejecute el mandato.