A pesar de que muchos centros de rehabilitación de adicciones operan con irregularidad e incluso violan los derechos humanos de los internos, cerrarlos es inviable porque el gobierno no tiene capacidad de atender a esa población.

El titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), Gady Zabicky Sirot, reconoció que éstos solventan una parte muy importante de las necesidades de las personas farmacodependientes y que el gobierno no cuenta con espacios suficientes para ese fin.

En entrevista con EL UNIVERSAL, aseguró que en México existen 2 mil 300 sitios de atención, de los cuales, sólo 500 cuentan con un permiso de funcionamiento avalado por el organismo y cumplen con la norma que se les exige.

Clasificó a esos lugares en tres rubros: clandestinos, que operan sin aval; los registrados, pero que no tienen certificados, y los que están acreditados por la Conadic.

Apuntó que en la mayoría no hay un trato inhumano, aunque no descartó que aún existen anexos en los que se priva ilegalmente de la libertad a las personas, no hay suficiente atención médica y se ignoran los derechos humanos.

Arturo Ortiz Castro, especialista en la prevención de adicciones y consumo de sustancias del Instituto Nacional de Psiquiatría (INP), advirtió que en muchos casos las personas son llevadas por la fuerza, sujetas a malos tratos y que, incluso, llegan a ser asesinadas, mutiladas o quemadas.

Zabicky Sirot dijo que la oferta de centros aumentaría si los que no tienen certificación estuvieran en el marco de la ley, y que podrían ayudar a desaparecer aquellos en los que persiste el maltrato.