De mayo a julio de 2020, autoridades federales detectaron 14 mil 946 aparatos de telefonía celular al interior de los penales federales, como parte de los operativos implementados contra la extorsión desde los centros penitenciarios.

En dicho periodo se anularon un total de 16 mil 470 líneas telefónicas en 21 cárceles federales del país, según datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó un incremento de 5.5% en el delito de extorsión en julio pasado comparado con junio de este año, al pasar de 673 víctimas a 710.

En el caso de víctimas mujeres de extorsión, el SESNSP reveló que en el mes referido se registraron 222 casos contra 207 de junio, principalmente en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y Zacatecas.

En cifras absolutas, suman 4 mil 880 víctimas hombres y mujeres de extorsión en el país en el periodo enero-julio de 2020, con el Estado de México a la cabeza, con mil 651; Jalisco, 476; Veracruz, 448; Ciudad de México, 260; Nuevo León, 254; Zacatecas, 217.

En la variación de la incidencia de extorsión por entidad federativa, Michoacán tuvo incremento de 793.8%; Sonora, 337.5%; Guanajuato, 172%; Colima, 111.3%; Sinaloa, 29.4.

En contraste, 18 entidades disminuyeron sus reportes de extorsiones. Yucatán presentó la mayor reducción en la proporción de registros de este delito (100% menos) y la Ciudad de México, la mayor disminución en el número (287 reportes menos).

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, solicitó en marzo a las empresas concesionarias de telefonía celular interrumpir la señal de las llamadas que tienen su origen dentro de los penales estatales y federales, puesto que, dijo, “es ahí donde se administra el 50% del crimen del país”.

En abril pasado, la SSPC publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para la integración y funcionamiento de la Base Nacional de presuntos números de extorsión telefónica o fraude.

En extorsión, la organización Semáforo Delictivo marca rojos en todo lo que va del año en el país y consideró que gran parte de estas extorsiones son chantajes o fraudes telefónicos pero también se trata de “pedir piso”, es decir, se extorsiona con violencia a personas y negocios.

En lo que va de la actual administración, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), encabezado por José Ángel Ávila Pérez, ha trasladado a 3 mil 440 personas privadas de su libertad de centros estatales a cárceles federales; mil 630, entre penales federales; 220, de centros federales a estatales; 278, por convenio internacional; 53, extradición por requerimiento internacional; 2 mil 414, por orden judicial.

Tan solo en julio, 380 reos del penal federal de número 2 Occidente (Puente Grande) fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 17, ubicado en Buenavista Tomatlán, Michoacán.