Diputadas federales se comprometieron a presentar, en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre, una iniciativa para evitar que agresores de mujeres, acosadores sexuales y deudores de pensión alimenticia sean candidatos a cargos de designación y de elección popular.

Así lo expusieron al participar en la presentación virtual de la propuesta ciudadana #3de3vsViolencia, es decir, de una reforma a diversas leyes para evitar que acosadores, deudores de pensión alimenticia y agresores de mujeres, accedan a cargos públicos.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, manifestó su apoyo a la propuesta del colectivo Las Constituyentes Feministas y aseguró que en las próximas tres semanas se puede trabajar para presentar la iniciativa en la primera sesión del próximo periodo ordinario.

La diputada Lorena Villavicencio Ayala consideró que no es suficiente que el Congreso reconociera en la ley la violencia política de género. El 13 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma por la que se modificaron ocho leyes para definir y sancionar los actos de violencia política contra las mujeres.

La legisladora expuso que la propuesta busca impedir que quienes son agresores, violentadores o deudores de pensión alimenticia, tengan una función pública o un cargo de representación popular. Las mujeres en cargos públicos, dijo, no pueden seguir relacionándose laboralmente con hombres que asumen su función desde la violencia.

La defensora de Derechos Humanos e integrante del colectivo Las Constituyentes, Yndira Sandoval, explicó que la propuesta es evitar que en la función pública, en el ámbito legislativo, ejecutivo y judicial, lleguen personas que tengan antecedentes, denuncias o sentencias por estos tres motivos: deber pensión alimenticia o haber cometido delitos sexuales o de violencia en la familia.

La propuesta, impulsada desde 2017 por esta agrupación feminista, no solo busca limitar la participación electoral de quienes cometen violencia en la vida pública, como se legisló con la reforma publicada en abril pasado; también pretende poner criterios de elegibilidad en los cargos de designación o de concurso, por ejemplo, para ser jueces, magistrados o ministros.

La diputada Laura Rojas precisó que ya hay estándares internacionales, como los establecidos por la Organización de Estados Americanos (OEA), que fijan la probidad como requisito para ser servidor público y que consiste en ser una persona honesta y regirse bajo normas éticas.

La diputada destacó que en la LXIV Legislatura se ha avanzado en los temas de violencia política. Con la reforma en materia de violencia política, por ejemplo, se estableció en la ley que quien ejerza violencia de género no pueda ser postulado o reelecto; sin embargo, consideró que es muy importante extender el criterio.

A su vez, la diputada Martha Tagle Martínez, coincidió en que quienes son violentadores, están en el servicio público y reciben un salario de las y los contribuyentes no deben estar en la administración pública federal, por ello apoyó la propuesta de diseñar una legislación en la materia.

La diputada Ana Lilia Herrera dijo que es hora de pensar qué clase de servidores públicos queremos y cómo garantizar que cumplan con los requisitos de honorabilidad, probidad y buena reputación. La diputada Verónica Juárez Piña expuso que este tema debe ser una prioridad de las agendas parlamentarias de los partidos políticos para que pueda salir avante en el próximo periodo de sesiones.

Las legisladoras coincidieron en que existe poca credibilidad en las y los servidores públicos, por eso trabajarán en la redacción de una reforma a la Constitución federal y a otras leyes para garantizar que a los cargos lleguen sólo las mejores personas sin antecedentes de violencia.