La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados avanzó y manifestó su intención de votar a favor de erradicar la “violencia simbólica” contra las mujeres, lo que podría prohibir los concursos de belleza en nuestro país.

En una reunión virtual, los integrantes de este órgano legislativo emitieron su intención de voto a favor de tres dictámenes para incluir la violencia simbólica o mediática, reformas sobre paridad de género y consolidar el concepto de revictimización. Para el primer dictamen se conjuntaron las iniciativas de las diputadas Beatriz Rojas Martínez (Morena), María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) y Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD), para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Se pretende incluir la violencia simbólica como uno de los tipos de agresión contra las mujeres, en virtud de que es ejercida ya casi de manera normal y encubre relaciones de poder. La presidenta de este órgano legislativo precisó que este tipo de violencia puede ser mucho más difícil de erradicar, debido a la dificultad para identificarla y nombrarla.

Esta agresión, dijo, no utiliza la fuerza física sino la imposición del poder y la autoridad; es tan sutil que se acepta a través de las costumbres, tradiciones y prácticas cotidianas. Indicó que la violencia simbólica se ha naturalizado a partir de las representaciones culturales, lenguaje, arte, teatro, cine, televisión, chistes y bromas.

“Consideramos que los certámenes o concursos de belleza son eventos, en este sentido, que exhiben a las mujeres mediante patrones socioculturales y bajo estereotipos de género como un instrumento para enaltecer la concepción del cuerpo de la mujer como objeto. Limitan el desarrollo personal de las participantes”, expresó. Con el dictamen se busca definir a la violencia simbólica como la expresión, emisión o difusión por cualquier medio, ya sea en el ámbito público o privado, de mensajes, patrones, estereotipo, signos, valores icónicos e ideas que transmiten, reproducen, justifican o naturalizan la subordinación, desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres en la sociedad. En el documento se prevé considerar en este tipo de violencia simbólica, la realización de concursos, certámenes o cualquier otra forma de competencia en la que se evalúa de forma integral o parcial, y con base en estereotipos sexistas, la belleza o la apariencia física de mujeres, niñas y adolescentes.

Añade que las instituciones públicas no podrán asignar recursos públicos, publicidad oficial, subsidios y cualquier tipo de apoyo económico o institucional a la realización de estos espectáculos. Señala que la violencia mediática es la forma de agresión simbólica expresada a través de la publicación o difusión de símbolos, imágenes, mensajes e ideas estereotipadas, a través de los medios masivos y electrónicos de comunicación que de manera directa e indirecta promuevan humillación, explotación, discriminación o violencia contra las mujeres, así como aquellos mensajes, ideas, símbolos e imágenes que naturalicen la relación de inferioridad entre mujeres y hombres.

Beatriz Rojas Martínez, diputada de Morena, indicó que anualmente en el país se realizan certámenes y concursos de belleza, en donde se reproducen roles de género. Consideró que estos eventos organizados y financiados por gobiernos estatales “para supuestamente promover el turismo, tradiciones y costumbres son una contradicción”, además de que haya recursos para fortalecer esta violencia simbólica.

La diputada Cynthia Iliana López Castro (PRI) manifestó que se hizo un gran trabajo en esta iniciativa; sin embargo, preguntó si se refiere a sólo recursos públicos, federales y locales, o incluye a privados, y qué sanción existe para quien financie con dinero público un certamen de belleza. La morenista Carmen Patricia Palma Olvera expresó que esta modificación normativa es muy importante; no obstante, propuso regular las frases publicitarias de las campañas políticas que en algunas ocasiones son sugestivas, así como considerar el tema de la sexualización en los modelos de ropa para niñas. Su correligionaria, la diputada María Eugenia Hernández Pérez sugirió que se solicite a las instituciones educativas prohibir concursos de belleza, “como los reyes de la primavera”, porque son elementos que fomentan estas prácticas.

Paridad en los tres órdenes de gobierno

El segundo dictamen que recibió intención de voto a favor, reforma diversas disposiciones de 39 ordenamientos, en materia de paridad de género, cuyo objetivo es incorporar, en los tres órdenes de gobierno y en los órganos constitucionales autónomos, el principio de paridad de género para la designación de autoridades en las máximas instancias de decisión y prever mecanismos que lo permitan en los órganos colegiados.

Consolidar el concepto de revictimización

El tercer dictamen reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por los diputados panistas Madeleine Bonaffoux Alcaraz y Carlos Humberto Castaños Valenzuela, a fin de consolidar el concepto de revictimización, para que se respeten los derechos humanos y sean parte de la solución y acompañamiento como política pública de Estado.

Además se emitieron pronunciamientos para que se inicie un procedimiento contra el diputado Héctor Alonso Granados, por sus expresiones misóginas a diputadas locales de Puebla; por el caso del Notario 102, Horacio Aguilar Álvarez de Alba, por violentar a su cónyuge; para hacer un llamado respecto a las amenazas de muerte del Consorcio Oaxaca hacia la defensora Soledad Jarquín; opiniones sobre las renuncias de las titulares del Conapred, de la CEAV y de la subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud.

De igual manera, se hizo un pronunciamiento en contra exregidor de Tlajomulco de Zúñiga, Quirino Velázquez Buenrostro, por expresiones misóginas. También se exhortó al Congreso de San Luis Potosí a que, a través de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género, su presidente, el diputado Pedro César Carrizales Becerra, concluyera con los trámites parlamentarios para la consecuente armonización legislativa en materia de violencia política de género.