El expediente que abrió ayer en Palacio Nacional el presidente López Obrador, con la exhibición de los contratos privados para la operación de Centros de Reclusión Federal en el territorio nacional, pasa no sólo por el modelo de negocio que hicieran en el sexenio de Felipe Calderón de la mano de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, en el que se otorgaron contratos por asignación directa a poderosos empresarios de México con apellidos por todos conocidos: Slim, Vázquez Raña, Gerard y otros más, sino también por la continuidad que ese mismo modelo de negocios público-privados, tuvieron en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
Los 8 contratos que mostró ayer, por indicaciones presidenciales, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y que explicó el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, si bien se firmaron todos en el sexenio calderonista, su aplicación, construcción y operación, incluso los pagos millonarios que recibieron los empresarios concesionarios, se continuaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde ese esquema siguió operando y le fue “encargado” por el ex presidente priista a otro expresidente de la República: Carlos Salinas de Gortari.
Porque los costos de operación millonarios que ayer se mencionaron en Palacio, de los que el gobierno federal ha tenido que pagar a los concesionarios de los 8 centros penitenciarios privados de Sonora, Guanajuato, Durango, Oaxaca, Morelos y Michoacán, se erogaron en su mayor parte en el sexenio de Peña Nieto y se han tenido que continuar en el actual. La propia Rosa Icela dice que, en los últimos 9 años, es decir 1 de Calderón, 6 de Peña Nieto y dos de la actual administración, se han pagado 75 mil 661 millones de pesos, correspondientes apenas al 36% del pago total de esos contratos a los que todavía les resta pagar 190 mil 638 millones de pesos, según proyecciones aproximadas, hasta 2036 o 2037.
Es decir que, aunque el esquema y los contratos que ayer denunciaron en la conferencia del Presidente y que ahora se propone “renegociar” el gobierno de López Obrador con los concesionarios privados por considerarlos abusivos, se idearon y firmaron en el sexenio de Felipe Calderón, fue en realidad en el gobierno de Peña Nieto donde el millonario negocio que representa ese modelo, realmente tuvo lugar. Y entre los dos sexenios, el calderonista y el peñista, el hilo conductor en ese jugoso negocio de los reclusorios se llama Genaro García Luna.
En esta columna publicamos exactamente hace un año, el 21 de enero de 2020, cómo García Luna operó en el sexenio peñista para seguir explotando el negocio de los reclusorios privados y cómo fue él quien le vendió la continuación del esquema al gobierno de Peña Nieto. Sólo que ese esquema Peña lo delegó para su operación y asignación de los contratos al expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien era el encargado de decidir a qué empresarios se les mantenían los contratos ya existentes o a quienes se les otorgaban nuevos contratos. Decíamos en aquellas Serpientes y Escaleras del año pasado:
“Si en el tema petrolero Lozoya fue el operador incondicional colocado por el mismo Salinas para manejar todos los contratos de Pemex, con sus respectivos negocios y comisiones, en el tema de seguridad García Luna fue quien diseñó el modelo de construcción de reclusorios concesionados a grandes empresarios que, a cambio de un contrato millonario del gobierno federal, pagaban una generosa comisión que era repartida entre las dos cabezas principales: el presidente y el expresidente.
Hay huellas claras, incluso testimonios de empresarios que participaron en dicho esquema, que afirman que, para obtener cualquier contrato, en el tema petrolero o de seguridad, se tenía que obtener el aval del exmandatario, a quien tenían que ir a ver personalmente y negociar con él los términos si querían ser considerados para la asignación de dichos contratos públicos.
En el caso de los reclusorios, una fuente que participó de ese esquema y que obtuvo un contrato, asegura que él supo por lo menos de 7 reclusorios asignados para su construcción y operación a grandes empresarios mexicanos, varios de ellos propietarios de compañías importantes y hasta de medios de comunicación. Cada contrato para un reclusorio era cercano a los 7 mil millones de pesos y el negocio era redondo para todos: el empresario ganaba porque con el respaldo del gobierno y el presupuesto federal obtenía fácilmente créditos de grandes bancos para financiar la obra, incluidas las generosas comisiones que tenía que entregar al expresidente a cambio de palomear su nombre para la concesión.
Cuenta el empresario, cuya identidad pidió no revelar, que en el proceso de negociación con el exmandatario, había varias reuniones en su casa del sur de la ciudad y cuando todo estaba listo, solía llamar para decir en clave: ‘Está listo el tema, no te olvides de mandar el vehículo’, con lo que se refería al dinero que era repartido entre los dos grandes beneficiarios de este esquema de corrupción al más alto nivel”.
Hoy que el expediente de esos contratos, todos ellos legales y basados en el modelo de reclusorio dictado por las normas de la ONU para el tratamiento con dignidad y con espacios y apoyos necesarios para las PPL o “personas privadas de la libertad”, es puesto sobre la mesa por el gobierno de López Obrador, sería bueno que no limitaran su investigación, negociación y posibles cambios a los contratos que Scherer calificó de “abusivos” en varias de sus cláusulas, y que no se limite al sexenio calderonista ni se dejen llevar solo por el hígado presidencial que quiere forzosamente acusar de algo a su “villano favorito”, Felipe Calderón, sino que el tema se amplíe al sexenio de Peña Nieto, donde se hizo el verdadero negocio millonario, de la mano de Carlos Salinas y con algunos de los empresarios más ricos de este país, varios de ellos salinistas de origen y que hoy son amigos y aliados cercanos de López Obrador. Veremos hasta dónde llega la caja de Pandora que ayer abrieron en Palacio Nacional y que apunta a la “corrupción de alto nivel” en los últimos dos sexenios.
NOTAS INDISCRETAS…
Desde Tamaulipas nos llega de última hora esta versión que ayer corría como reguero de pólvora en los corrillos políticos del Estado: que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca prepara la presentación de una licencia definitiva a su cargo para poder entrar a las listas plurinominales del PAN como candidato a diputado federal para las elecciones del 6 de junio próximo. La versión que comparten periodistas locales dice que con este movimiento el gobernador panista no sólo buscaría ser diputado sino convertirse en el próximo líder de la bancada blanquiazul en San Lázaro con lo que, además de poder, tendría el fuero federal. Además de confirmarse la salida de Cabeza de Vaca, el movimiento ocurriría antes de que la FGR dé a conocer los nombres de los que serán acusados con base en el testimonio del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien acusó a varios políticos de haber recibido sobornos a cambio de aprobar las reformas energéticas de Peña Nieto, entre los cuales mencionó al mandatario panista. Y de paso, si el gobernador se va al Congreso, sería un sustituto quien le entregaría el poder estatal a su hermano, el senador Ismael Cabeza de Vaca, si es que éste decide, como se comenta, ser candidato al gobierno de Tamaulipas el próximo año 2022. Veremos si resulta cierta la versión que circula entre los tamaulipecos. Y de serlo, nos recuerda aquella anécdota de otro exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, que allá por el 2016 fue a ver al entonces líder nacional del PRI para pedirle encarecidamente que su partido lo nominara a una diputación federal. “Yo no quiero fuero, lo necesito”, habría dicho Yarrington, hoy preso en EU por delitos de narcotráfico. ¿Será que ahora se repite la historia?…A propósito del consejero Jurídico, Julio Scherer, que ayer dio lectura a las cláusulas leoninas de estos contratos que obligan al gobierno federal a pagar sumas millonarias a los empresarios concesionarios por cada preso que tengan en los reclusorios concesionados e incluso a pagarles hasta el 2030 con recursos públicos, tengan o no tengan PPL´s, de todo lo que dijo el influyente consejero lo único que no sonó muy creíble fue su sorpresa cuando remarcó en varias ocasiones que todos esos contratos abusivos se había otorgado “por asignación directa”. Y sí es muy delicado y hasta sospechoso que los contratos públicos de obra y servicios se otorguen en el gobierno federal por asignación directa, sólo que habría que recordarle a don Julio que en los dos años que lleva el actual gobierno, del que él forma parte, el 80% de los contratos públicos se han otorgado por “asignación directa”. ¿También eso le parecerá cuestionable y sospechoso o sólo las asignaciones que se hicieron en el sexenio calderonista?…Y hablando de los intentos presidenciales por desaparecer organismos autónomos y en devolver esas funciones a las secretarías del gabinete, ya que López Obrador anda en esas, ¿por qué no de una vez desaparecemos al INE, mandamos sus funciones a Gobernación y nombramos secretario a Bartlett? Y se acabó el problema. Así de absurdos y burdos son los argumentos del presidente para desaparecer organismos como el IFETEL y el INAI…Los dados mandan Serpiente Doble. Mala racha.
