Relacionados con el tráfico de opioides sintéticos se ofrece 5 millones por la detención de cada uno

El Departamento de Estado de EU publicó hoy los póster de “Se busca” de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Una nueva orden ejecutiva de Washington, emitida el miércoles, ofrece 5 millones de dólares por la detención de cada uno de cuatro hijos de Guzmán, como parte de su estrategia contra actores internacionales del narcotráfico.

La agencia estadounidense reveló las órdenes contra Ovidio Guzmán-López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, hijos de “El Chapo”, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, que forman parte de un listado de 25 objetivos relacionados con el tráfico de opioides sintéticos.

“Supervisan 11 laboratorio de metanfetamina”

En las órdenes se detalla que “los hermanos Guzmán-López supervisan actualmente aproximadamente 11 laboratorios de metanfetamina en el estado de Sinaloa y que producen aproximadamente entre 3 mil y 5 mil libras de metanfetamina por mes. La metanfetamina se vende al por mayor a otros miembros de Sinaloa y a distribuidores con sede en Estados Unidos y Canadá”.

Ovidio ordenó el asesinato de “un popular cantante mexicano”

Sobre Ovidio Guzmán-López se menciona que “ha ordenado los asesinatos de informantes, un narcotraficante y un popular cantante mexicano que se había negado a cantar en su boda”.

“Los hermanos Guzmán-Salazar aumentaron su poder en el Cártel de Sinaloa tras extradición de su padre”

Acerca de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el Departamento de Estado de EU menciona que “las investigaciones policiales indican que Guzmán-Salazar, junto con su hermano, Jesús Alfredo Guzmán-Salazar, brindaron una importante asistencia operativa a su padre, incluida la coordinación del transporte de narcóticos desde Centro y Sudamérica a México; coordinar el transporte de estupefacientes a Estados Unidos; distribuir medicamentos a clientes mayoristas en los Estados Unidos; y recolectar las ganancias de las drogas de los clientes en los Estados Unidos para transferirlas a México en beneficio de los miembros y asociados del Cártel de Sinaloa”.

Además, “para proteger su organización, sus tácticas han incluido obtener armas y otras armas, sobornar a funcionarios públicos corruptos, participar en actos de violencia y amenazas de violencia, secuestrar e intimidar a miembros de las fuerzas del orden, narcotraficantes rivales y miembros de sus propias organizaciones de narcotráfico”.

También se indica que “tras el arresto y posterior extradición de su padre y su condena en el Distrito Este de Nueva York (EDNY), los hermanos Guzmán-Salazar han aumentado su poder dentro del Cártel de Sinaloa. Han ampliado su empresa con sofisticados laboratorios de fentanilo en Culiacán, México , y han ampliado sus operaciones de transporte utilizando transporte marítimo y aéreo, además de túneles y cruces fronterizos”.

El Departamento de Estado recuerda que “el 25 de julio de 2014, Iván Archivaldo Guzmán-Salazar fue procesado por un gran jurado federal en el Distrito Sur de California. La acusación formal lo acusó a él y a otros de violaciones del Título 21, USC §§ 952, 960, 963 (conspiración para importar metanfetamina, cocaína y marihuana) y el Título 18 USC Sección 1956 (h) (conspiración para lavar instrumentos monetarios). La acusación también incluyó disposiciones de decomiso”.

Acerca de Jesús Alfredo Guzmán también se menciona que “el 6 de agosto de 2009, y de nuevo el 17 de febrero de 2016, un gran jurado federal en el Distrito Norte de Illinois regresado reemplazando acusaciones formales contra Jesús Alfredo Guzmán Salazar y otros co-conspiradores con violaciónes del Título 21, USC, § 846 (conspiración para poseer con intención de distribuir y distribuir más de 5 kilogramos de cocaína y más de 1 kilogramo de heroína); Título 21, USC, § 963 (conspiración para importar más de 5 kilogramos de cocaína); y Título 21, USC, § 841 (a) (1) (distribución de más de 1 kilogramo de heroína)”.

Además, las investigaciones policiales indican que Joaquín y su hermano, Ovidio Guzmán-López, desempeñan funciones de mando y control de alto nivel en su propia organización de narcotráfico, la Organización Criminal Transnacional Guzmán-López, bajo el paraguas del Cártel de Sinaloa”.

Se detalla que “tras la muerte de Edgar, Joaquín y Ovidio heredó gran parte de las ganancias de los narcóticos y comenzó a invertir grandes cantidades de dinero en efectivo en la compra de marihuana en México y cocaína en Colombia. “También comenzaron a comprar grandes cantidades de efedrina de Argentina y organizaron el contrabando del producto a México cuando comenzaron a experimentar con la producción de metanfetamina (…) El 2 de abril de 2018, ambos hermanos Guzmán-López fueron procesados por un Gran Jurado Federal en el Distrito de Columbia y acusados de un cargo de 21 USC Secciones 959 (a), 960 y 963 (conspiración para distribuir más de 5 kilogramos de cocaína, 500 gramos de metanfetamina y 1.000 kilogramos de marihuana )”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que corresponde a su gobierno la detención de los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos es a la autoridad nuestra, no se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia y en ninguna otra en nuestro territorio”, declaró López Obrador en su habitual conferencia de prensa matutina.

López Obrador recordó que en octubre de 2019 ordenó liberar a Ovidio Guzmán luego de un operativo que había logrado capturarlo en Sinaloa, pero que detonó la reacción de “una fuerza mayor y todo el despliegue” del grupo criminal que puso en riesgo a la población.

“Si hicimos bien, si hicimos mal, ya la historia lo dirá”, expresó el mandatario.

Además de los Guzmán, entre los objetivos estadounidenses (10 personas y 15 grupos) figuran las bandas Los Rojos y Guerreros Unidos -surgidas de una escisión del cártel de los Beltrán Leyva- que son igualmente señaladas como responsables de tráfico de heroína a Estados Unidos.

López Obrador indicó que su homólogo estadounidense, Joe Biden, no ha tocado este asunto con él y afirmó que en México “ya no se permite” la intervención de agentes extranjeros en operativos. Admitió, sin embargo, que “el gobierno de Estados Unidos tiene todo su derecho a actuar”.

“Han perdido la vida muchos estadounidenses, más de 100.000, por el consumo de estas drogas, que son muy peligrosas, y por eso tomaron esta decisión”, aseguró López Obrador.

Ambos países activaron este martes una “nueva etapa” de la cooperación en materia de seguridad tras la visita en octubre del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken.

El canciller Marcelo Ebrard y el embajador estadounidense Ken Salazar instalaron un “grupo de alto nivel” que incluye cinco equipos de trabajo para abordar temas como la lucha y persecución de grupos criminales que operan en los dos países. Ebrard remarcó que se trata de “una alianza basada en la confianza y el respeto mutuo” denominada “entendimiento bicentenario” y que deja atrás la llamada Iniciativa Mérida.

A finales de noviembre, una corte federal estadounidense condenó a tres años de cárcel a la esposa del “Chapo”, Emma Coronel, por su participación en el poderoso cártel que lideraba su marido.

La guerra contra las drogas es un tema recurrente en Estados Unidos desde hace décadas, con resultados desiguales frente a un negocio que mueve miles de millones de dólares.