El Colectivo de Mujeres 50+1 exigió al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación (CJF) investigar las características del amparo otorgado al exdiputado local del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, el cual evitaría ser detenido como presunto autor intelectual del ataque con ácido a la joven saxofonista María Elena Ríos Ortiz.

Este organismo manifestó que le preocupa que se haya otorgado el amparo cuando lo que está detrás es la posible orden de aprehensión en un caso judicial inscrito en grave violación a los derechos humanos de la víctima.

De la misma manera, reprobaron que se haya otorgado la suspensión provisional contra una posible detención de Juan Vera Carrizal, otorgada por el Juez Federal del Juzgado Cuarto de Distrito en Oaxaca al también empresario y propietario de estaciones de servicio de combustibles.

La organización recordó que el exdiputado del PRI es señalado como el presunto autor intelectual del ataque con ácido a María Elena, y que el amparo se haya otorgado luego de que el fiscal general del estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, confirmó que el exlegislador forma parte de la investigación en el caso.

“Este delito contra la vida e integridad física de María Elena Ríos está inscrito como modalidad cruenta de violencia feminicida, de manera que el Estado no puede ser omiso en garantizar a las mujeres seguridad y una vida libre de violencia”, señaló.

De esta manera, el Colectivo de Mujeres 50+1 demandó una investigación eficiente e imparcial desde la procuración de justicia que dirige la Fiscalía General del Estado hasta sus últimas consecuencias; que la autoridad local instrumente todas las gestiones que lleven al esclarecimiento de los hechos y al reforzamiento de las investigaciones que se realizan al respecto para “aportar elementos que permitan una condena ejemplar en el hecho tanto en la autoría material como intelectual”.

Exigió además, garantizar la integridad física y psicológica de las víctimas indirectas y el otorgamiento de medidas cautelares para su debida protección y que la atención integral y especializada a María Elena no tenga ningún impedimento.

Finalmente, solicitó que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) exija protección integral a las autoridades, tanto hacia la víctima como a sus familiares y amistades.