La Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar y vincular a proceso a Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social durante la administración pasada, por el caso conocido como la “Estafa maestra”.

A través de la Fiscalía de Delitos Cometidos contra la Administración de Justicia de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, la FGR solicitó a un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, una audiencia inicial para imputación y vinculación contra Robles Berlanga.

De acuerdo con el oficio UEIDCSPCAJ-217/2019 de fecha 25 de julio pasado, la FGR solicitó citar a la exfuncionaria para imputarle el ilícito de ejercicio indebido del servicio público derivado de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018 relacionada con la “Estafa Maestra”.

El juez del Reclusorio Sur citó a Robles Berlanga y a los fiscales encargados del caso para el próximo 8 de agosto a las 11:00 horas. En su petición, la FGR señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene calidad de víctima indirecta del delito que busca imputarle a Robles Berlanga, por lo que se prevé que un representante de dicho órgano acuda a la diligencia.

Fuentes allegadas al caso informaron que en días pasados Robles Berlanga presentó una demanda de amparo porque consideró que la FGR violó el principio de defensa adecuada al no citarla a comparecer previo a judicializar la carpeta de investigación. Si el juez de amparo concede una suspensión provisional es probable que la diligencia fijada por el juez de control en el Reclusorio Sur no se realice.

La “Estafa Maestra” se relaciona con la documentación realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la utilización de 11 dependencias federales para desviar millones de pesos durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Las tres principales dependencias que supuestamente participaron en los desvíos fueron la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) encabezada por Rosario Robles; el Banco Nacional de Obras (Banobras), y Petróleos Mexicanos (Pemex), dirigido por Emilio Lozoya Austin.

La ASF detectó que el gobierno federal entregó contratos a más de 100 empresas por 7 mil 670 millones de pesos, de las cuales 128 no tenían infraestructura ni personalidad jurídica para proporcionar los servicios para los que fueron contratadas o no existen.

En el sexenio pasado, Robles Berlanga también encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que, según las revisiones de la ASF, formó parte del esquema de contrataciones mediante el cual se realizaron los desvíos millonarios.

En su último reporte de la Cuenta Pública 2018, difundido en febrero pasado, la ASF concluyó que el resto de las dependencias señaladas como partícipes de la “Estafa Maestra” únicamente sirvieron de intermediarios “de papel” en la operación de las contrataciones simuladas, pues la mayoría de estas transacciones realmente se llevaron a cabo por la Sedesol y la Sedatu.

En dicho informe, la ASF detectó irregularidades en la gestión de Rosario Robles por al menos 2 mil 377 millones de pesos al frente de la Sedatu, que se sumaron a las detectadas en el ejercicio fiscal 2017 por 340 millones 983 mil pesos y que supuestamente fueron desviados a través de la triangulación de recursos en la que también se involucraron entes estatales como la Universidad Politécnica de Tlaxcala, el Instituto Tecnológico Superior de Centla, la Universidad de Campeche y la Televisora de Hermosillo.

Las últimas irregularidades observadas por la ASF indican que la Sedatu gastó indebidamente mil 173 millones de pesos del programa de Infraestructura a través de 26 delegaciones, sin que se tenga certeza de dónde quedaron dichos recursos, pues estas erogaciones no fueron registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Algunos de los desvíos también fueron detectados en el programa Un Cuarto Más de la Sedatu, conocido como Cuarto Rosa y en la construcción de Ciudades de las Mujeres en distintas entidades, pues ni la Unidad de Apoyo a la Infraestructura y Servicios (Upais) ni la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos (DGREP), encargadas de dichos proyectos, informaron en qué ejercieron los recursos que les fueron asignados.