Esta tarde se dio a conocer que un juez federal giró una orden de aprehensión contra la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, bajo los cargos de peculado y delincuencia organizada.
El papel de Gómez-Mont como conductora de la televisión mexicana es bien conocido, pero ¿Qué más hay detrás de este mujer?
Lo primero que es digno de mencionarse, es su parentesco con Fernando Gómez-Mont, quien fungió como secretario de Gobernación durante el gobierno de Felipe Calderón y a quien se le ha vinculado con algunos traspasos a las empresas de García Luna.
Además de su parentesco con este alto mando del gobierno panista, la conductora también tiene su propia historia. Sus inicios, como bien se sabe, fueron en TV Azteca, televisora en la que trabajó en programas como Los 25+ y Ventaneando.
Respecto a su vida amorosa, en 2008 el cupido tocó a su puerta por primera vez y se casó con Javier Díaz. Su matrimonio duró tan sólo cinco años, pues la pareja se separó en 2013. Un par de años después se casó con su actual esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.
La feliz familia, como se le ve en redes sociales, está conformada por la pareja y siete pequeños. Cabe señalar que cuatro de ellos son del primer matrimonio de la conductora.
De súper mamá a presunta delincuente
A pesar de que la orden de aprehensión en contra de este matrimonio acaba de girarse, la realidad es que desde hace tiempo ha habido señalamientos en su contra.
Y es que, de acuerdo con la información, presuntamente desde 2016 Gómez-Mont tuvo ingresos mayores a los que reportó a las autoridades fiscales.
Para ponerle fin a esta situación, en 2018 obtuvo un trato con el SAT, en el cual se estableció el pago de 10 millones 967 mil 907 pesos “por concepto de contribuciones federales omitidas”.
No obstante, un año después se vio en la obligación de pagar dos millones 604 mil 537 pesos, con los cuales terminaría de reparar el daño generado a las autoridades fiscales.
Actualmente, de acuerdo con información de Animal Político, la pareja es investigada por su participación en una red de empresas fantasma, con las cuales desviaron 2 mil 950 millones de pesos.