A partir del pasado 1 de enero el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), creado por el gobierno de López Obrador para sustituir al Seguro Popular, ofrecerá atención médica y medicamentos de manera gratuita y sin restricciones para todos sus beneficiarios.

El Insabi detalló que para ser atendidos los beneficiarios no necesitarán afiliarse ni pagar cuotas y únicamente deberán presentar su credencial del INE, su Clave Única de Registro de Población (CURP) o su acta de nacimiento.

En un comunicado el Instituto reiteró que con estas facilidades, las personas “ya no necesitarán acudir a un módulo, afiliarse y recibir una póliza; tampoco tendrán que pagar cuotas anuales para ser atendidos en las unidades médicas como ocurría anteriormente”. Tampoco será necesario presentar alguna póliza de afiliación.

Para acceder a la atención, además de presentar alguno de esos documentos, los beneficiarios deberán cumplir con otros dos requisitos: encontrarse en territorio nacional, y no ser derechohabiente en IMSS o Issste.

La presentación de solo esos tres requisitos para recibir atención médica gratuita es posible gracias a a modificación del artículo 77 bis 7 de la Ley General de Salud, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre.

El Insabi inicia funciones el 1 de enero de 2020 como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud “y los servicios que ofrecerá serán bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión”.

La creación del Insabi fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en octubre pasado para sustituir al Seguro Popular.

Esto a pesar de que algunos diputados y especialistas alertaron que el presupuesto asignado a programas sociales era “opaco” e “inviable”.

Judith Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaría (CIEP), señaló que el presupuesto proyectado para el Insabi es una cuarta parte de lo que en realidad se necesita para una iniciativa así.

Este sistema, explicó, pretende atender a toda la población que no tiene seguridad social y a la población más vulnerable, más de 75 millones de personas, de manera ilimitada, sin que exista ningún tipo de cuota o retribución por los servicios. Además, se pretende que los trabajadores del Insabi tengan una plaza permanente y dejar el esquema de honorarios.

La especialista cuestionó “con qué dinero se va a financiar un sistema de salud para más de la mitad de la población nacional, si tenemos un espacio fiscal en contracción, que al menos desde 2016 ha pasado de 6.6% del PIB a 2.4%”.

Para el Insabi, agregó la especialista, se proyectó la asignación de 40 mil millones de pesos, dinero proveniente del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular. “Pero esta fuente de financiamiento no es recurrente, es un fondo que se va a poder usar solo una vez”.

Ante esto, el CIEP publicó un documento donde señala que el Insabi podría costar desde 162 mil millones de pesos, en el escenario más conservador, hasta más de 900 mmdp.

“Lo que se está proyectando asignar para 2020, los 40 mmdp, no será suficiente. Se necesitaría cuatro veces ese presupuesto para llegar a un primer escenario”, finalizó la especialista.