La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) que organice la consulta de Revocación de Mandato del Presidente de la República “hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de mil 503 millones de pesos el cual constituye un indicador de viabilidad financiera”.
Lo anterior al conceder la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al considerar que ello “favorece la continuidad de un ejercicio democrático y ciudadano”, y que la “Constitución Política establece que los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general, por lo que la ejecución del Acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”.
Las ministras integrantes de la Comisión de Receso de la SCJN, integrada por las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, se dio a conocer anoche, casi 24 horas después de que el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados, presentó la controversia constitucional en contra de la decisión del pasado 16 de diciembre del Consejo General del INE de suspender la realización de la consulta de Revocación de Mandato.
Las ministras determinaron que la medida “suspensional surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna”.
La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones de 2021, acordó esta noche (ayer) admitir a trámite la controversia constitucional 224/2021 promovida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra del Acuerdo aprobado por el INE en el que determinó posponer la realización del proceso de Revocación de Mandato 2021-2022, emitieron en un comunicado.
Con la admisión, se determinó conceder la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que el INE se abstenga de ejecutar el acuerdo por el que pretendía posponer cualquiera de las actividades para la organización del proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República y, en consecuencia, continúe con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de Revocación de Mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de mil 503 millones de pesos, el cual constituye un indicador de viabilidad financiera.
En un comunicado, la SCJN aseguró que con la concesión de la suspensión se favorece la continuidad de un ejercicio democrático y ciudadano. Además, “el párrafo segundo del artículo 29 de la Constitución Política del país establece que los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general, por lo que la ejecución del Acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”.
