Pidieron la intervención de AMLO pues aseguran que“se trata de una persecución política”.
Las hijas del exdiputado priísta Juan Antonio Vera Carrizal, presunto responsable intelectual del ataque con ácido en contra de una joven saxofonista en Oaxaca, acusaron de abuso sexual y violencia de género a efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes llevaron a cabo cateos en sus respectivos domicilios la semana pasada.
“Nos queda claro que la Fiscalía en un caso donde pretende castigar violencia de género está provocando más, dejando ver que ni siquiera ellos son capaces de erradicarla, al contrario, la promueven”, expusieron a través de un comunicado firmado por Ashley, Lisle y Guadalupe Vera Hernández.
Los mujeres aseguran que elementos de la AEI abusaron sexualmente de una de ellas, explicaron que uno de los agentes froto su miembro en sus glúteos y toco sus senos, informó El Universal.
Indicaron que otra de las hermanas fue víctima de violencia de género, quien fue golpeada durante el cateo. En el documento precisaron que entre las lesiones que le ocasionaron están inflamación en el cuero cabelludo, hematomas en cuello, muslo y brazos, dermoabrasiones en el cuello y contractura muscular severa en región dorsolumbar.
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Las hijas del empresario Vera Carrizal recalcaron que los cateos se hicieron sin ninguna orden, e incluso acusaron a los agentes por robo de equipos de cómputo, teléfonos celulares, y reclamaron que hubo excesivo uso de la fuerza pública y dejaron en claro que se violentaron los derechos humanos de su familia.
Asimismo acusaron a Rubén Vasconcelos, fiscal de Oaxaca, por encabezar e iniciar una persecución política “para quedar bien ante los medios nacionales”.
Las mujeres afirmaron que interpusieron denuncias contra los funcionarios de la Fiscalía, y detallaron que pedirán a la Embajada de Estados Unidos dé seguimiento a sus denuncias, pues una de las supuestas víctimas de violencia de género tiene ciudadanía estadounidense.
Las hijas de Vera Carrizal pidieron también que el Presidente Andrés Manuel López Obrador intervenga en el caso, ya que insisten en que “se trata de una persecución política”.
