Senadores y diputados hicieron un llamado a las autoridades sanitarias a nivel federal

Ante el aumento de casos de covid-19 es previsible que se incremente la demanda de insumos como el oxígeno medicinal, por lo que diputados y senadores consideraron que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben actuar de manera coordinada, para impedir prácticas abusivas en contra de pacientes que requieren de este producto.

La Comisión Permanente aprobó un dictamen para solicitar a las Secretarías de Salud de las 32 entidades federativas, programas de suministro y distribución de oxígeno medicinal gratuito, para las personas sin seguridad social que padezcan la enfermedad generada por el nuevo coronavirus.

Los integrantes de la Segunda Comisión, que preside la senadora Claudia Ruiz Massieu, señalaron que en periodos prolongados que presentan un alto índice de contagios, existe una alta demanda de los servicios hospitalarios y del personal de la salud.

Además de la saturación de hospitales, en México se suma una problemática más, que consiste en el número de pacientes que no son atendidos en los hospitales por no ser derechohabientes de algún servicio de salud y, en consecuencia, son atendidos por sus familiares con asesoría médica desde sus hogares.

Lo anterior genera que requieran el suministro de tanques de oxígeno en un promedio de tres veces o más por día.

En el dictamen, también se subraya que las empresas particulares que suministran este servicio tienden a elevar los costos de llenado, alquiler y venta de este insumo médico. En 2021, se agrega, se registró un aumento de 4.5 por ciento, con relación al año pasado, lo que implica que la sola recarga del cilindro genere un gasto de entre 800 y 900 pesos.

Además, los pacientes que convalecen en casa se enfrentan a la saturación de servicios, largas filas y horas de espera para la adquisición y compra del oxígeno medicinal que requieren.

De ahí la relevancia de que la Secretaría de Salud se coordine con las autoridades del ramo de los estados que presenten alta incidencia de contagios del SARS-CoV-2, para implementar un plan de atención a la población económicamente más vulnerable.